El Tribunal de Cuentas cuestiona el sistema de pulseras para maltratadores
El Tribunal de Cuentas detecta fallos graves en las pulseras telemáticas y reclama más fiabilidad y calidad para proteger a las víctimas.
El Tribunal de Cuentas ha detectado "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento para proteger a víctimas de violencia de género y sexual. El órgano fiscalizador ha analizado los contratos adjudicados por el Ministerio de Igualdad en 2018, 2021 y 2023, por un importe total de 102,6 millones de euros.
El informe señala que los contratos de 2018 y 2021 no incluían un plan de transición que garantizara la continuidad del servicio en caso de cambio de adjudicataria. El contrato de 2023 tampoco lo contemplaba inicialmente y tuvo que modificarse en julio de ese año.
Según el Tribunal de Cuentas, este cambio provocó problemas para acceder a información histórica y dejó sin respuesta 123 requerimientos judiciales pendientes. Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024, cuando el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar su solución, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía.
El órgano también describe fallos durante prácticamente toda la vigencia del contrato de 2023, aunque asegura que ya han sido resueltos. Entre ellos cita problemas de fiabilidad, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores a víctimas, baterías con poca autonomía y retrasos en las reparaciones.
Además, una auditoría tecnológica externa encargada por Igualdad en noviembre de 2025 confirmó, según el informe, vulnerabilidades críticas en los dispositivos. El Tribunal reclama que en estos contratos prime la calidad del servicio y que se utilice la mejor tecnología disponible para reducir al mínimo el riesgo para las víctimas.
El sistema permite comprobar de forma constante el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento, tanto en medidas cautelares como en penas, suspensiones de condena o libertad vigilada. La información afecta al conjunto del Estado, también a las víctimas y servicios de protección de Álava y Vitoria-Gasteiz, aunque el informe no detalla incidencias específicas de la capital alavesa.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.