Euskadi abonará 69 millones por las 510 VPO de Benta Berri antes de 2029
El Gobierno Vasco comprará las 510 VPO de Benta Berri por 100 millones y garantizará su protección permanente.
El Gobierno Vasco pagará 69 millones de euros antes de 2029 por la compra de las 510 viviendas protegidas de Benta Berri, en Donostia-San Sebastián. La operación, acordada con Testa, propiedad del fondo Blackstone, asciende en total a 100 millones y se completará con un presupuesto extraordinario del Gobierno central antes de final de año.
La adquisición incluye tres manzanas de viviendas protegidas, sus garajes y trasteros, además de otros 80 garajes y trasteros. El precio pactado es de unos 135.000 euros por vivienda. En estos inmuebles residen alrededor de 1.700 personas, que pagan actualmente entre 700 y 1.000 euros mensuales de alquiler protegido, según el número de habitaciones.
Una de las principales consecuencias del acuerdo será que la protección pública de las viviendas tendrá carácter permanente. El plazo vigente terminaba en noviembre de 2028, pero una reforma de la Ley de Vivienda prevista para finales de año en el Parlamento Vasco ampliará esta protección a contratos anteriores a 2003, como los adjudicados en Benta Berri en 1998.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha asegurado que el objetivo es que todos los inquilinos continúen en sus casas. No obstante, el departamento analizará cada contrato, su antigüedad y las rentas de las familias para comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la vivienda protegida.
El Ejecutivo vasco estima que la reforma también beneficiará a otras 500 viviendas de Euskadi, un centenar de ellas en Intxaurrondo, con unas 1.000 viviendas afectadas en total. El Gobierno Vasco prevé reunirse la próxima semana con los vecinos de Benta Berri y ha solicitado además una comparecencia parlamentaria para explicar el acuerdo.
La operación se enmarca en la estrategia vasca de incorporar viviendas privadas al parque público de alquiler. Según Itxaso, el Ejecutivo ha adquirido también pisos en Arrasate, varias localidades vascas y Errenteria, con el objetivo de alcanzar 7.000 nuevas viviendas protegidas y públicas en alquiler. La medida afecta directamente a Donostia y al conjunto de Euskadi, por lo que también tiene interés para Vitoria-Gasteiz como capital vasca y sede del Gobierno autonómico.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.