JJpD reclama más herramientas legales para frenar desahucios de personas vulnerables
JJpD pide más instrumentos legales e informes de vulnerabilidad rigurosos para proteger a personas vulnerables ante los desahucios.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha asegurado que los jueces son sensibles ante los desahucios, pero necesitan instrumentos jurídicos e implicación institucional para proteger a las personas vulnerables.
En una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, ha defendido que los decretos de Vivienda planteados por el Gobierno español permitirán avanzar, aunque ha pedido que la sociedad entienda que la vivienda no es solo un bien para negociar o especular, sino también un derecho. Según ha explicado, muchos procedimientos actuales se deben a la expiración del contrato de alquiler y no a impagos de renta.
Rodríguez Achútegui ha señalado que los tribunales necesitan informes de vulnerabilidad elaborados por ayuntamientos y diputaciones. Sin embargo, ha advertido de que estas instituciones están desbordadas y que los juzgados reciben a menudo informes demasiado breves, lo que dificulta decidir si debe suspenderse un lanzamiento.
El magistrado considera que el decreto que plantea prohibir los desahucios hasta 2028 podría reactivar, en muchos casos, el escudo social para las familias vulnerables. También ha destacado que las personas que viven en habitaciones no cuentan actualmente con la misma protección de la Ley de Arrendamientos Urbanos y ha confiado en que la reforma prevista pueda cambiar esta situación.
En Euskadi se superaron los 1.000 lanzamientos anuales en 2008. Posteriormente, la cifra bajó a entre 700 y 800 al año y, según los últimos datos citados, correspondientes a 2025, se situó entre 300 y 400. Para quienes no tengan recursos, el portavoz de JJpD ha recomendado acudir a los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados y de los palacios de justicia.
La situación afecta al conjunto de Euskadi y, por tanto, también constituye un asunto de interés para Vitoria-Gasteiz como capital alavesa, especialmente por el papel que desempeñan las administraciones locales en la elaboración de los informes de vulnerabilidad.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.