La Fiscalía pide revocar la condena al hermano de Pedro Sánchez

La Fiscalía ha recurrido la sentencia que condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. El Ministerio Público sostiene que la resolución no acredita los elementos objetivos y subjetivos necesarios para ese delito.

El recurso, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y compuesto por 69 folios, también impugna la condena por el mismo delito de otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El procedimiento está relacionado con la contratación de David Sánchez y de su amigo Luis Carrero en la institución pacense.

Según la Fiscalía, la sentencia describe correos electrónicos, reuniones, propuestas administrativas, cambios organizativos y convocatorias, pero no identifica con precisión qué resolución administrativa concreta habría sido arbitraria. A su juicio, sin esa identificación no puede determinarse si existió arbitrariedad penal.

El Ministerio Público considera que las discrepancias sobre puestos, las opiniones acerca de las necesidades organizativas, las críticas sindicales y los rumores sobre posibles candidatos no equivalen por sí mismas a una actuación delictiva. También afirma que no se concreta qué norma se habría vulnerado ni qué advertencias jurídicas fueron ignoradas deliberadamente.

La Fiscalía sostiene además que no hay una prueba directa de que la creación del puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios tuviera como objetivo beneficiar a David Sánchez. Añade que tampoco consta que Gallardo y otros cargos conocieran su existencia, que supieran que el entonces secretario general del PSOE tenía un hermano o que recibieran presiones para crear el puesto.

Por último, el recurso acusa a la sentencia de seleccionar únicamente los elementos compatibles con la tesis incriminatoria y de contener contradicciones internas, como descartar la existencia de presiones y afirmar al mismo tiempo que hubo una finalidad preconcebida de favorecimiento personal. La decisión afecta a un procedimiento desarrollado en Extremadura, sin una incidencia local específica para Vitoria-Gasteiz más allá de su interés político general.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.