Los desahucios se reducen un 45,4% en España durante el primer trimestre
Los lanzamientos judiciales bajaron un 45,4% en España entre enero y marzo de 2026. Repasamos tipos, plazos y protección ante desahucios.
Los órganos judiciales practicaron entre enero y marzo de 2026 un 45,4% menos de lanzamientos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los desahucios derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9% del total, bajaron un 53,9%, mientras que los relacionados con ejecuciones hipotecarias, el 24,24%, descendieron un 18,3%.
El desahucio es un procedimiento legal mediante el que el propietario de un inmueble puede desalojar al inquilino u ocupante cuando no abona la renta correspondiente. El texto distingue entre los procesos por impago del alquiler y los motivados por el impago de una hipoteca.
El procedimiento puede prolongarse entre seis meses y un año desde que el propietario reclama las cantidades pendientes. La admisión a trámite en el juzgado suele tardar entre uno y tres meses. Después, el inquilino recibe un plazo de 10 días hábiles para pagar, alegar una razón justificada o abandonar la vivienda.
Si no hay acuerdo, se fija una fecha para el juicio y la posterior sentencia, trámites que pueden demorarse varios meses. Finalmente, la comisión judicial, con la intervención de las fuerzas del orden cuando corresponde, ejecuta el lanzamiento y procede al desalojo.
En febrero, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que prorrogaba hasta el 31 de diciembre la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, aunque con excepciones para determinados propietarios. La posterior derogación del decreto del llamado escudo social dejó sin efecto esa suspensión.
A finales de julio, PSOE y Sumar anunciaron otro decreto ley para proteger a las familias vulnerables y evitar que se queden sin alternativa habitacional. Sin embargo, ante la falta de apoyos parlamentarios para convalidarlo, el Gobierno pospuso su aprobación a septiembre. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclama aprobar cuanto antes una medida que, según afirma, permitiría paralizar estos desahucios, mientras Sumar sostiene que el decreto debe aprobarse "ya". La cuestión afecta también al debate sobre vivienda que sigue lastrando a las familias de Vitoria-Gasteiz y Álava, aunque el texto no aporta datos específicos del territorio.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.