Un desahucio en Sansomendi enfrenta la vulnerabilidad de inquilinos y propietario
Un desahucio previsto este viernes en Sansomendi enfrenta la vulnerabilidad de una familia con seis menores y la del propietario del piso.
Casi un centenar de personas acamparon este jueves frente a una vivienda de la avenida de los Huetos, en Vitoria-Gasteiz, para tratar de frenar el desahucio previsto este viernes de una familia con seis menores a su cargo. El lanzamiento será el cuarto ejecutado en la capital alavesa en el último mes y el decimoséptimo en Álava durante 2026, según los registros del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.
El propietario del piso, de 84 metros cuadrados y tres habitaciones, también se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica, según informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria a los que ha tenido acceso El Correo. Vive con su pareja, embarazada, y su hijo en una habitación de alquiler, la tercera vivienda en la que reside desde 2018.
La relación contractual comenzó ese año con un alquiler de 600 euros mensuales y un contrato de tres años. Al finalizarlo, en 2021, el dueño comunicó que no quería renovarlo porque necesitaba recuperar la vivienda, su única propiedad, para instalarse en ella con su familia. Ante la negativa de los inquilinos, acudió a los tribunales.
El procedimiento se ha prolongado durante cinco años debido a sucesivas paralizaciones y recursos basados en la vulnerabilidad de la familia arrendataria. Según fuentes oficiales consultadas por el diario, los inquilinos tampoco aceptaron alternativas de alquiler privado de alrededor de 850 euros y acumulan impagos de la renta en los dos últimos meses.
El propietario acreditó su vulnerabilidad social en 2025 y la económica hace unos meses. Tras constatar que no tiene otras propiedades y que necesita el piso para residir con su familia, la decisión judicial de continuar con el lanzamiento quedó fijada antes del verano. Durante estos años ha seguido pagando la hipoteca, la comunidad y el IBI de la vivienda.
La acampada está promovida por el Sindicato Socialista de Vivienda, que responsabiliza al Gobierno municipal, formado por PSE y PNV, de no ofrecer una alternativa habitacional. El sindicato afirma que el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con la familia ni con la organización pese a conocer el caso y las movilizaciones recientes, una acusación que el Consistorio no responde en el texto original.
Información elaborada a partir de El Correo (Álava).