Una familia desahuciada en Sansomendi logra una segunda prórroga de tres días en el CMAS
La familia desahuciada de Sansomendi seguirá en el CMAS de Vitoria-Gasteiz hasta el lunes 2 de noviembre tras una segunda prórroga de tres días.
La familia desahuciada de Sansomendi, compuesta por ocho miembros, seis de ellos menores, seguirá al menos hasta el lunes 2 de noviembre en el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS). El Sindicato Socialista de Vivienda confirmó este jueves la concesión de una segunda prórroga de tres días, después de que el primer plazo de recurso de emergencia venciera el pasado lunes y se extendiera hasta el jueves.
Según el texto original, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aplicado este segundo aplazamiento de 72 horas siguiendo los protocolos habituales previstos para casos de este tipo. Será el próximo lunes cuando la familia acuda de nuevo a las oficinas de los Servicios Sociales de Base para que se evalúe otra vez su expediente.
El Sindicato Socialista de Vivienda denunció en un comunicado la «dejadez absoluta» de las instituciones locales por no ofrecer a la familia una alternativa habitacional «de calidad y permanente». Por su parte, Esther Pérez, portavoz de la Asociación de Familias de Abendaño (AFA), la ikastola donde están escolarizados varios de los hijos, aseguró durante una concentración de apoyo celebrada el martes que las condiciones del recurso provisional obligan a El Mokhtar y a su familia «a pasar todo el día en la calle», por los horarios del centro, de ocho de la mañana a ocho de la noche. Pérez criticó además la «falta de previsión» institucional en materia de vivienda y bienestar social.
El desalojo se produjo hace casi una semana en el número 28 de la Avenida de los Huetos, en una jornada de gran tensión a la que acudieron cerca de medio millar de manifestantes. Según la Ertzaintza, el despliegue policial, sin precedentes en la historia reciente de Álava, terminó con cargas, altercados en el barrio de Sansomendi, varios heridos por contusiones y dos personas detenidas.
El caso cierra un procedimiento judicial y social de cinco años. La familia vivía en la vivienda desde 2018. Tras finalizar el contrato de alquiler en 2021, el propietario, que también acreditó su propia vulnerabilidad económica y social ante los juzgados, pidió recuperar el piso para instalarse con su familia, al ser su única propiedad. Mientras se sucedían las moratorias que mantenían congelado el desahucio, él tuvo que residir de alquiler y asumir la hipoteca del inmueble.
Información elaborada a partir de El Correo (Álava).