Una jueza da diez días a la Guardia Civil y a los peritos para informar sobre el accidente de Adamuz

La jueza de Montoro (Córdoba) que instruye la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, ocurrido el domingo 18 de enero y que causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos, ha dado un plazo de diez días a la Guardia Civil, a los peritos judiciales y a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat) para que le informen del estado del caso. Así lo recoge una providencia fechada el 6 de noviembre, en la que la magistrada alude a la complejidad de los hechos y a las diligencias y informes periciales aún pendientes.

En concreto, la jueza pide a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil un avance de la investigación, con las actuaciones practicadas, los resultados obtenidos, las diligencias pendientes y las previsiones de conclusiones. A los peritos judiciales les reclama el estado de elaboración de su informe, con los resultados preliminares disponibles, y a la Aitat, el estado de su investigación técnica, sin perjuicio de su autonomía.

La providencia también fija requisitos para el análisis de las cajas negras de los trenes Alvia e Iryo implicados. La empresa Haslerrail, fabricante de los registradores y proveedora de las herramientas de acceso a los datos, deberá presentar un informe técnico descriptivo de las actuaciones y resultados. Los demás técnicos que intervengan en la diligencia, prevista para el jueves de esta semana, deberán elaborar un informe que interprete el comportamiento global de cada tren y determine posibles causas y factores contribuyentes del accidente.

Por otra parte, la jueza pide al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la propuesta de la empresa ILSA para trasladar por carretera los bogies de cinco vagones del tren Iryo, actualmente precintados en la estación de Villanueva de Córdoba, hasta el taller de Alstom en Pinto (Madrid), para su inspección. Asimismo, debe valorar la inspección visual y un posible traslado de los vagones 6, 7 y 8, los más afectados.

Los peritos judiciales consideran «adecuada» la propuesta de ILSA, que permite precintar y custodiar los bogies y conservar la prueba. En un escrito del 7 de noviembre señalan que las cajas de los coches 1 a 5 «no presentan interés en la investigación en curso y pueden ser liberadas», aunque piden asistir al proceso de desacople y traslado. También recomiendan inspeccionar la parte inferior de los coches y los elementos de unión entre ellos, labor que, según indican, debería extenderse a los coches 6 a 8.

Aunque se trata de un asunto que se sigue en Córdoba, el caso ha tenido un fuerte impacto en toda España y en el sistema ferroviario, por lo que su evolución interesa también a los vitorianos, usuarios habituales de la red de alta velocidad.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.