Castilla y León reclama una PAC fuerte y reglas iguales para las importaciones

La Junta de Castilla y León ha pedido al Ministerio de Agricultura que concrete su posición y sus líneas rojas ante la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará a partir del 1 de enero de 2028. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha advertido de que las comunidades están obligadas a fijar postura mientras el Gobierno aún no ha definido la suya: «No se puede negociar a ciegas».

Durante su intervención en la 50.ª edición del Concurso-Subasta Nacional de Raza Avileña-Negra Ibérica, celebrada en Ávila, Pino ha defendido una PAC «verdaderamente agraria y común», con un presupuesto fuerte y propio para garantizar la renta, la producción, la competitividad y el futuro de agricultores y ganaderos.

La Junta rechaza que los fondos agrarios se integren con otras políticas europeas, los recortes reales o una renacionalización que provoque diferencias entre agricultores según la capacidad presupuestaria de cada Estado. También se opone a que la degresividad, el pago redistributivo y el capping penalicen automáticamente a explotaciones profesionales que producen, invierten y generan empleo.

En materia de simplificación, Castilla y León reclama controles basados en el riesgo, sanciones proporcionadas y la posibilidad de corregir errores antes de una penalización cuando no exista fraude. Además, defiende el principio del dato único, la interoperabilidad entre administraciones y que la tecnología reduzca las obligaciones de información.

La Junta también exige reciprocidad, preferencia comunitaria y cláusulas espejo verificables en los acuerdos comerciales. Pino considera que no se puede exigir a los productores europeos normas laborales, sanitarias, ambientales y de bienestar animal más estrictas mientras se permite la entrada de alimentos elaborados con estándares inferiores. «Mismas exigencias para lo de fuera que para lo de dentro», ha señalado.

La posición afecta al conjunto del sector agrario de Castilla y León, incluida la provincia de Zamora, aunque el acto en el que se realizaron estas declaraciones tuvo lugar en Ávila. La Junta reclama que las exigencias se incorporen a los acuerdos comerciales y se comprueben mediante controles efectivos en frontera para proteger la producción, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.