Psiquiatras alertan en Zamora de límites para ingresar a pacientes graves
Psiquiatras reunidos en Zamora alertan de que la Ley 4/2026 puede dificultar ingresos involuntarios de pacientes mentales graves.
Los psiquiatras han advertido en Zamora de que la Ley 4/2026, que entra en vigor este 23 de octubre, podría dificultar el ingreso hospitalario involuntario de pacientes con trastornos mentales graves que necesitan hospitalización, pero cuya situación no implica necesariamente un peligro inmediato para su vida.
La preocupación se ha planteado durante la presentación del V Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), que se celebra en Zamora. El doctor Alfredo Calcedo Barba y el presidente de la SEPC, Edorta Elizagarate, han analizado las consecuencias de la reforma.
Según han explicado, la nueva regulación prohíbe los internamientos involuntarios por razón de discapacidad salvo en situaciones de urgencia vital. Los especialistas han señalado que esta restricción podría afectar a descompensaciones psicóticas con abandono de autocuidados, episodios maníacos con graves perjuicios económicos o sociales, trastornos alimentarios con deterioro progresivo, deterioro cognitivo con conductas erráticas y agresividad sin riesgo vital.
Calcedo también ha expresado dudas sobre la atención a pacientes con alto riesgo suicida pero sin un plan inmediato, ya que la evaluación del riesgo es probabilística. Ha añadido que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil continúa regulando los internamientos involuntarios bajo control judicial, aunque su reforma está prevista mediante un proyecto de ley orgánica que el Gobierno deberá remitir en el plazo de un año.
Los especialistas han advertido de un periodo de inseguridad jurídica que podría recaer especialmente sobre los servicios de urgencias y provocar interpretaciones judiciales distintas. También han alertado de posibles aumentos de las altas desde urgencias, las consultas repetidas y los fenómenos de puerta giratoria, además de una mayor carga para las familias.
Elizagarate ha defendido que deben garantizarse tanto los derechos de las personas como la seguridad jurídica de los profesionales y los recursos necesarios para atenderlas. Calcedo ha recomendado revisar los protocolos, justificar los riesgos y las alternativas voluntarias agotadas, reevaluar los ingresos involuntarios y reforzar la atención domiciliaria, los dispositivos comunitarios y los centros de intervención en crisis.
Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.