UGT pide a la Junta un plan antiincendios a largo plazo y denuncia 2.000 efectivos menos en Castilla y León
UGT exige a la Junta de Castilla y León un plan antiincendios a largo plazo y denuncia una carencia de 2.000 efectivos en el operativo forestal.
La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León reclamó a la Junta un plan integral antiincendios a largo plazo y más actividad frente a la publicidad institucional. Según el sindicato, el operativo arrastra una carencia de 2.000 efectivos, una cifra que, según denuncia, la Comunidad traslada cada campaña al Estado para pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
El secretario autonómico de UGT SP, Tomás Pérez, afirmó que el operativo de prevención y extinción no ha mejorado «nada» en la última década y que no se ha cumplido la promesa del presidente Alfonso Fernández Mañueco de contar con más bomberos forestales. «Si Castilla y León tuviera una UME propia no tendría que pedírsela al Estado. La Junta debe gastarse el dinero en contratar a más personal y formar a los bomberos», señaló.
En una rueda de prensa para analizar la campaña antiincendios de 2026, el sindicato criticó la «magnífica» campaña de publicidad de la Junta y el anuncio de una inversión de 30 millones de euros para el servicio de 30 helicópteros, además de dos millones para formación en el Centro para la Defensa contra el Fuego de León. Pérez recordó que las máquinas «sin trabajadores no apagan los fuegos» y que los contratados reciben actualmente un curso de 14 horas, por lo que reclamó una formación continua y permanente.
El secretario del sector autonómico, Carlos Arenas, lamentó que la campaña cierre con el incendio de Burgohondo (Ávila), que arrasó más de 40.000 hectáreas, y calificó de «teórica» la cifra de 5.000 efectivos que cita la Junta frente a los 4.000 que, según el sindicato, componen el operativo: 2.000 de personal público, más de 800 agentes medioambientales, unos 1.100 contratados por Tragsa y otros subcontratados. Arenas criticó además que Somacyl haya entrado en la prevención y extinción de incendios.
Por su parte, el responsable federal de Bomberos Forestales, Javier García, defendió que la extinción no es un «negocio» sino un servicio público, vinculó la situación al abandono rural y a la falta de inversión, y pidió aplicar la normativa vigente sobre planes de autoprotección y la categoría profesional de bombero forestal. La secretaria federal de administración autonómica y local, Victoria Corbacho, subrayó que Castilla y León «no puede seguir pagando con cenizas la falta de prevención», tras acumular dos campañas como la peor del país con más de 200.000 hectáreas quemadas.
Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.