El plan de vivienda asequible de Aragón cedería suelo público a privados durante 75 años
Crítica al programa «Aragón más vivienda»: suelo público cedido a privados 75 años y alquileres cercanos al mercado libre, con impacto en Zaragoza.
El Gobierno de Aragón, a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón, desarrolla el programa «Aragón más vivienda», que construye viviendas en suelo público cedido a empresas privadas mediante concesión demanial o derecho de superficie. Las empresas redactan los proyectos, construyen los pisos y los explotan en alquiler durante 75 años. Según el texto, las bases fijan un precio máximo de 11,50 euros por metro cuadrado al mes para las viviendas y de 6 euros para trasteros y garajes.
El autor pone como ejemplo un piso de tres habitaciones de 77 metros cuadrados con garaje y trastero, cuyo alquiler podría rondar los 900 euros mensuales. Estos pisos están pensados para unidades familiares con ingresos brutos de hasta unos 42.000 euros al año, por lo que, en el mejor de los casos, habría que destinar más del 25% de esos ingresos al alquiler. El artículo recuerda además que el alquiler medio en Zaragoza capital ronda los 12 euros por metro cuadrado al mes y en Aragón los 11 euros, de modo que el efecto sobre el precio del mercado sería, según el autor, prácticamente nulo.
Desde el ángulo de Zaragoza, el texto señala que el programa incorporaría unos cientos de viviendas, pero a costa de ceder suelo urbano público en condiciones de edificar, sin coste de urbanización. Con el ejemplo citado, el autor calcula que la empresa gestora podría obtener unos 810.000 euros en alquileres a precios constantes en 75 años, frente a un coste de construcción de unos 125.000 euros, lo que supondría una rentabilidad bruta cercana al 548%, sin contar la actualización anual de la renta. Al final de ese plazo, las viviendas revertirían al Gobierno de Aragón, posiblemente en mal estado y con necesidad de fuertes inversiones.
El artículo concluye que la experiencia de países con un parque público amplio apunta a que sea la propia administración la que promueva vivienda pública en alquiler a precios realmente asequibles. Argumenta que la colaboración público-privada no es necesariamente la vía más eficaz y que la vivienda nunca ha tenido prioridad presupuestaria en cuatro décadas de democracia, comparada con el rescate bancario, cuyo coste de 100.000 millones de euros, según el texto, habría permitido construir un millón de viviendas públicas de alquiler.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.