La UE limita desde el domingo las promesas verdes y la obsolescencia
La UE endurece desde el 27 de septiembre las normas contra el ‘greenwashing’, la obsolescencia programada y los sellos ambientales engañosos.
La directiva europea 2024/825 sobre Empoderamiento de los Consumidores entra en vigor este domingo, 27 de septiembre, con nuevas exigencias para combatir la publicidad ambiental engañosa, conocida como ‘greenwashing’, y la obsolescencia programada. La norma afectará a consumidores y empresas de toda la Unión Europea, también en Zaragoza y Aragón.
Las expresiones genéricas como “eco”, “bio”, “verde”, “sostenible” o “respetuoso con el medio ambiente” no podrán utilizarse sin una justificación expresa, evidencias científicas y acreditación disponible para el consumidor en el mismo soporte, ya sea el etiquetado, la web o la publicidad. También se restringirán mensajes como “neutro en carbono” o “net zero” cuando se basen únicamente en compensaciones de emisiones, como la plantación de árboles.
La normativa limita además el uso de logotipos o sellos ambientales creados por las propias empresas si no cuentan con una certificación independiente acreditada o con un sistema autorizado por las autoridades públicas. Las promesas sobre objetivos ambientales futuros deberán incluir un plan realista, metas intermedias medibles y controles periódicos de verificación externa.
Entre las nuevas obligaciones figura ofrecer información clara sobre la obsolescencia temprana de los aparatos, las características sociales de los productos y sus distintivos de sostenibilidad. Las empresas también deberán informar sobre opciones de entrega respetuosas con el medio ambiente, servicios posventa y reparación, así como sobre las actualizaciones de software y sus efectos en los bienes digitales.
Los consumidores encontrarán un aviso obligatorio sobre sus derechos legales en los puntos de venta físicos y en internet. Además, los productos cuya garantía supere los dos años tendrán una nueva etiqueta. Las autoridades podrán realizar inspecciones y auditorías y, ante incumplimientos, imponer multas, retirar o suspender distintivos y establecer medidas de supervisión.
La directiva contempla que las empresas incumplidoras puedan quedar temporalmente excluidas de licitaciones públicas y afrontar multas de al menos el 4% de sus ingresos anuales, según el texto de la nueva normativa.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.