Los accidentes de Adamuz y Urda pasan factura al turismo y a la confianza en la alta velocidad

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda han dejado 116 muertos y decenas de heridos, una tragedia que ninguna otra consecuencia puede igualar. Con el paso de los días, sin embargo, empiezan a verse efectos sociales y económicos de gran alcance, según el análisis publicado por El Periódico de Aragón.

La alta velocidad se presentó como un proyecto de país para vertebrar el territorio, y muchas personas, empresas e instituciones se han organizado contando con su buen funcionamiento. Hay vecinos que eligieron dónde vivir pensando en desplazarse al trabajo en tren en un tiempo razonable, empresas turísticas que basaron sus infraestructuras en el viajero de ocio y de negocio, y compañías que trasladaron sus centros de producción apoyándose en este servicio.

El texto señala que, en los últimos años, la alta velocidad ha ido alargando los tiempos de viaje y perdiendo fiabilidad, lo que ha llevado a parte de los usuarios a optar por el coche o el avión. Además, el corte de la línea sur desde hace más de una semana está perjudicando al turismo en ciudades como Toledo, Sevilla, Córdoba o Granada, con pérdidas millonarias para las empresas y riesgo para miles de puestos de trabajo.

El artículo valora como positivo el nombramiento de Carlos Cuerpo, vicepresidente económico del Gobierno, como nuevo ministro de Transportes, y el cese inmediato del presidente de Adif. Aun así, considera urgente recuperar el servicio en la línea afectada y reforzar la seguridad y los protocolos, y advierte de que las elecciones no deberían frenar estas actuaciones.

Más allá de la emergencia, el texto plantea un debate de fondo sobre si el modelo de alta velocidad desplegado desde 1992 debe mantenerse en los mismos términos. España cuenta con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, solo por detrás de China, gracias al endeudamiento y a fondos europeos. El autor reconoce que la necesidad de adoptar el ancho ferroviario europeo y los cien millones de turistas anuales pueden justificar la inversión, pero cuestiona que la riqueza generada baste para pagar el mantenimiento necesario, y alerta de que parte de esos recursos podría destinarse a asuntos menos prioritarios o desviarse a prácticas corruptas.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.