Los detractores del Clúster Maestrazgo mantienen la batalla pese al respaldo del Supremo
El Supremo avala el Clúster Maestrazgo, pero los detractores mantienen la batalla judicial y la investigación penal en Teruel sigue abierta.
La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel no da por cerrado el pulso al Clúster Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España con una inversión de 1.100 millones de euros, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad de las resoluciones impugnadas. Su portavoz, Javier Oquendo, reconoce que "no nos gusta el resultado" y advierte de que "el futuro del proyecto no está despejado".
Oquendo sostiene que el pronunciamiento del alto tribunal se limita al ámbito administrativo y a la legalidad de las autorizaciones recurridas, y considera que la sentencia demuestra que se han seguido todos los cauces y trámites administrativos. La plataforma discrepa de esa conclusión y recuerda que existe una investigación penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel por presuntas irregularidades en la declaración de impacto ambiental, un frente independiente del litigio resuelto por el Supremo.
El colectivo recuerda que la sentencia afecta directamente al parque eólico El Cid I y que aún quedan pendientes otros cuatro recursos contencioso-administrativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A ello se suma la suspensión administrativa que pesa sobre el proyecto y que mantiene bloqueado el inicio de las obras.
Corresponde ahora al Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, decidir si levanta la suspensión a la luz de la sentencia o si mantiene la paralización mientras avanza la investigación penal. Oquendo admite que la resolución favorece a la promotora, pero pide cautela y no dar por ganada la partida, ya que el juzgado de Teruel podría adoptar medidas cautelares que afecten a las instalaciones.
"Hay que esperar al final", señala el portavoz, que insiste en que el aval administrativo no equivale a una autorización automática para iniciar las obras. Por ahora, el proyecto sigue en un limbo jurídico en el que se combinan la victoria judicial de la promotora y las incógnitas abiertas en la vía penal.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.