El alcalde de Sant Joan rechaza la denuncia de Anticorrupción y acusa al PSOE de judicializar la gestión

El alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román (PP), ha respondido este sábado en un comunicado a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el pago de facturas a la empresa que gestiona las Escuelas Deportivas Municipales sin contrato en vigor. El primer edil defiende su actuación y acusa a las concejalas socialistas Esther Donate y Eva Delgado de utilizar el asunto con fines electoralistas.

La reacción llega un día después de conocerse que la Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia presentada por el PSOE santjoaner en marzo. Según Román, las dos concejalas pretendían atribuirle hasta seis presuntos delitos, pero la Fiscalía ha limitado la denuncia a uno: prevaricación administrativa. Será el juzgado competente el que determine si procede continuar con la investigación.

En su comunicado, el alcalde sitúa el origen del contrato en septiembre de 2018, cuando la Alcaldía, la Concejalía de Contratación y la Junta de Gobierno Local que aprobó la adjudicación estaban en manos del PSOE, con Esther Donate entre sus miembros. Añade que, el 9 de febrero de 2022, ya como alcalde, firmó una providencia para iniciar el expediente de contratación de los servicios técnico-deportivos. Reprocha además a las socialistas que en 2025 votaran en contra de facturas de este servicio, lo que, a su juicio, pretendía impedir el cobro a los trabajadores y provocar una huelga, y sostiene que cuando formaban parte del equipo de gobierno votaban a favor de esos mismos pagos.

Román defiende la importancia de las Escuelas Deportivas Municipales, a las que califica de servicio «básico y fundamental», y afirma que el polideportivo municipal acoge cada día a más de 1.000 personas. Critica que las concejalas hayan optado por la vía penal en lugar de la contencioso-administrativa y las acusa de pretender «judicializar la labor administrativa» a pocos meses de las elecciones municipales. Asegura que él y el Ayuntamiento colaborarán «al máximo» con la Justicia.

La denuncia de Anticorrupción se refiere a la continuidad del servicio tras el vencimiento del contrato en mayo de 2021, cuando Román era concejal de Deportes. Según la denuncia del PSOE, el Ayuntamiento abonó desde noviembre de ese año facturas a la mercantil por unos 1,5 millones de euros sin contrato vigente, y la nueva licitación no se impulsó hasta agosto de 2025. El informe de Intervención alertaba de una contratación verbal y emitía un reparo suspensivo. Compromís pidió explicaciones al alcalde, tanto en los tribunales como en el pleno, y la investigación judicial deberá determinar si los hechos pueden constituir delito y si existen responsabilidades.

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