El Gobierno encarga a la CNMC vigilar cada seis meses los centros de datos

El Gobierno ha reelaborado el real decreto que regula la actividad de los centros de datos para flexibilizar algunas de las exigencias ambientales y de seguridad digital previstas. La nueva versión ha sido rechazada con contundencia por las grandes compañías tecnológicas, como ya ocurrió con el primer borrador, que consideran de imposible cumplimiento sobre todo las obligaciones de consumo mayoritario y forzoso de electricidad de origen renovable, y que advierten de que buscan vías legales para tumbarlo. El Ejecutivo pretende aprobarlo antes de las elecciones del 29-N.

La principal novedad es la creación de un sistema de vigilancia y seguimiento de la actividad de estas instalaciones. El texto da poderes a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para controlar a los 'data centers' y asegurarse, cada seis meses, de que cumplen los nuevos requisitos. Según el borrador remitido al Consejo de Estado, la CNMC publicará un informe de seguimiento en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor del decreto y, después, de forma semestral.

Para realizar esta vigilancia, la CNMC podrá pedir a las grandes eléctricas con redes de distribución y a Red Eléctrica de España, como operador del sistema y gestor de la red de transporte, toda la información que considere necesaria.

La nueva versión modera algunas de las exigencias más polémicas del primer borrador. Se mantiene la obligación de que los centros de datos garanticen que el 80% de la electricidad que consumen, en todas y cada una de las horas, sea de origen renovable, pero se concede a las instalaciones una prórroga de cinco años para cumplirla. A cambio, deberán cumplir de forma transitoria otros requisitos más laxos y estar dispuestas a ser desconectadas de la red eléctrica si es necesario para evitar desajustes en el sistema.

El decreto también fija nuevas exigencias de soberanía digital para los datos que manejan las instalaciones, consideradas de categoría de seguridad alta. Los operadores de los nuevos centros solo podrán ser empresas establecidas en la UE, los datos tratados deberán permanecer en territorio comunitario y se deberán controlar de forma efectiva los accesos desde terceros países.

Por último, cada dos años la CNMC, Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica elaborarán conjuntamente una evaluación de la aplicación y eficacia de los requisitos, que en los aspectos de seguridad y soberanía digital contará con la participación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Según los resultados, el Ejecutivo podrá proponer revisiones motivadas. Para Alicantet, es una noticia de ámbito estatal que afecta al sistema eléctrico y digital en general, sin implicaciones locales concretas en la provincia de Alicante.

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