El Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento de Alicante y ratifica la subrogación en el albergue CAUS

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante contra la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que anuló los pliegos del contrato del Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), el albergue municipal para personas sin hogar. Con esta decisión, el fallo del TSJ queda firme y el Consistorio deberá obligar a subrogar al personal del anterior servicio, además de asumir las costas procesales. Según la providencia a la que ha tenido acceso Información, el alto tribunal considera que no se ha justificado que las infracciones alegadas fueran relevantes y determinantes para la decisión previa.

La sentencia del TSJ, dictada en septiembre de 2025, declaró la invalidez jurídica de los pliegos, anuló el presupuesto de licitación, fijado en 1,2 millones de euros, y urgió a readmitir al personal del servicio anterior. El Ayuntamiento optó por recurrir en lugar de acatar la resolución.

El procedimiento se inició a raíz del recurso de la Fundación Salud y Comunidad, adjudicataria del servicio previo. La entidad sostenía que el nuevo contrato era «idéntico» al que gestionaba desde hace más de dos décadas y que debía aplicarse la subrogación prevista en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, advertía de que la exclusión de una veintena de trabajadores podía acarrear indemnizaciones superiores a los 400.000 euros. Según la fundación, de los 25 empleados que prestaban servicio en el centro, solo seis fueron contratados en el CAUS.

El TSJ apreció «similitudes tales» entre ambos contratos: el centro se ubica en el mismo edificio, atiende a los mismos usuarios, mantiene una plantilla similar y conserva programas de atención psicosocial. Además, señaló que los pliegos aplicaron el convenio estatal de Acción e Intervención Social 2022-2024, cuando debía usarse el convenio que regía en las licitaciones anteriores, más favorable para los trabajadores y que obliga a la subrogación.

Tras conocerse la decisión, Esquerra Unida exigió explicaciones urgentes al gobierno de Luis Barcala. Su portavoz municipal, Manolo Copé, cuestionó que el alcalde «haya preferido alargar el conflicto en los tribunales antes que rectificar» y reclamó conocer qué hará el Ayuntamiento con el contrato, cómo garantizará los derechos de la plantilla y qué medidas adoptará para que las personas sin hogar no sufran las consecuencias. La formación ha dirigido además un escrito a la Concejalía de Bienestar Social pidiendo información sobre la ejecución de la sentencia y sus consecuencias económicas y laborales.

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