El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la Memoria Democrática
El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática para las elecciones del 29 de noviembre.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión cautelar del derecho de voto de 163.020 ciudadanos nacionalizados españoles al amparo de la Ley de Memoria Democrática e inscritos en el censo electoral a 31 de agosto de 2026. La decisión afecta a las elecciones convocadas para el 29 de noviembre.
El magistrado Antonio Narváez, que fue miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta del Partido Popular, fue el ponente de la resolución dictada el 8 de septiembre. Tras la convocatoria electoral, la medida cautelar provisional ha adquirido, según el texto, un carácter irreversible para estos comicios.
La magistrada Alicia Millán votó en contra y presentó un voto particular. Considera que la convocatoria electoral introdujo un elemento nuevo y decisivo, porque la suspensión podría causar una lesión irreversible del derecho de sufragio y afectar a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral. A su juicio, las medidas cautelares deberían haber quedado sin efecto respecto a estas elecciones.
El Supremo ha abierto ahora un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones. Los afectados podrían acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, aunque sus efectos serían individuales y no alcanzarían al conjunto de los 163.020 electores. El artículo también apunta que una medida cautelar del Constitucional difícilmente llegaría antes del 29 de noviembre.
El caso se originó en un recurso presentado por Vox e Iustitia Europea ante la Junta Electoral Central, basado en la posibilidad de que parte de los inscritos no cumpliera los requisitos fijados en una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022. La información tiene alcance para la Comunidad Valenciana, incluida Alicante, por afectar al censo electoral y a unas elecciones de ámbito estatal, aunque el texto no concreta cuántos ciudadanos de la provincia están afectados.
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