Isabel Rodríguez defiende limitar el beneficio de la inversión en vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que invertir en vivienda no convierte a nadie en “fondo buitre” si se acepta un beneficio limitado o incluso la ausencia de ánimo de lucro. En una entrevista, ha señalado que el Gobierno quiere acompañar inversiones privadas “socialmente sostenibles” para proteger el derecho de los inquilinos.

Rodríguez ha reivindicado la construcción de unas 940.000 viviendas visadas desde 2018, aunque ha admitido que solo el 13% son protegidas. Según la ministra, el Ejecutivo ha cambiado la tendencia mediante fondos públicos y europeos, y ha asegurado que se ha realizado “todo el esfuerzo” posible, pese a las dificultades para encontrar trabajadores en el sector.

Sobre Casa 47, la entidad pública que integra la actividad de Sepes en materia de vivienda, ha afirmado que ya proporciona techo, alquiler asequible y acompañamiento social a 10.000 familias vulnerables mediante viviendas procedentes de Sareb. Rodríguez ha reconocido los retrasos en la promoción directa, pero los ha atribuido a la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado y a la tramitación urbanística de algunas actuaciones.

La ministra también ha defendido el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros, y ha criticado a las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP por, según su opinión, obstaculizar su aplicación. Ha reclamado que el suelo público se destine prioritariamente a vivienda asequible y ha advertido contra una liberalización que permita construir sin garantizar ese objetivo.

Rodríguez ha situado entre las prioridades el aumento del parque público hasta alcanzar la media europea. Además, ha mencionado la identificación de 111.000 pisos turísticos ilegales y los datos del Banco de España sobre 900.000 viviendas dedicadas a usos turísticos, de temporada u otros negocios en lugar de residencia habitual. La ministra ha reconocido que no ha logrado aprobar una reforma de la ley del suelo ni alcanzar un acuerdo amplio en las Cortes.

Las decisiones sobre financiación, vivienda protegida, suelo público y pisos turísticos afectan al conjunto de la Comunidad Valenciana, incluida la provincia de Alicante, aunque la entrevista no aporta datos específicos de Alicantet.

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