La Generalitat endurece las normas para las cámaras de seguridad en colegios e institutos

La Generalitat Valenciana ha actualizado la normativa sobre cámaras de seguridad en los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana, una regulación que sustituye a la de hace 13 años y que establece mayores restricciones. La nueva norma, publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), prohíbe la videovigilancia de la actividad lectiva y no permite registrar audio salvo en situaciones de "riesgo cierto y excepcional" o con autorización judicial.

Según el texto, solo podrán acceder a las imágenes almacenadas los miembros de la dirección y la secretaría del centro, siempre por causas justificadas, y se contempla también el acceso de la Inspección Educativa. Los sistemas deberán registrar automáticamente cada consulta, con la identificación del usuario, la fecha, la hora y el motivo del acceso. Las cámaras no podrán instalarse en baños, vestuarios, aulas ni zonas de descanso del personal, y la grabación en patios y comedores seguirá siendo excepcional.

La normativa también prohíbe usar la videovigilancia para controlar el rendimiento académico del alumnado, el trabajo del profesorado o la asistencia del personal. En cuanto a la ciberseguridad, exige que la red de las cámaras sea independiente, sin conexión a internet, que el mantenimiento se haga presencialmente y que se cambien las contraseñas de fábrica. Las imágenes deberán borrarse en un plazo máximo de un mes y entregarse a las autoridades en un plazo de 72 horas si se produce un incidente grabado.

Una novedad es que las cámaras podrán activarse fuera del horario lectivo, cuando las aulas estén desocupadas, para prevenir daños en las instalaciones y los materiales. Los centros deberán costear con fondos propios la compra y gestión de los equipos y seguirán necesitando la autorización de la Conselleria de Educación. Los centros que ya tengan cámaras sin permiso dispondrán de seis meses para solicitar su regularización, un plazo que empieza a contar desde este viernes.

Como ejemplo, el director del IES Antonio José Cavanilles, Rafa Herrero, explica que la instalación de sus cámaras, con una inversión cercana a los 18.000 euros hace siete años, "merece la pena" porque actúa como "elemento disuasorio" y redujo incidentes anteriores, como el vaciado de extintores por parte de alumnos. Las cámaras están en los pasillos y no apuntan a la calle. Por otro lado, fuentes del profesorado del IES Jaime II de Alicante relatan que la dirección de ese centro desistió de instalarlas por su coste tras un episodio de vandalismo durante un fin de semana de Halloween.

Por último, una vez instaladas, los colegios e institutos deberán informar de la presencia de cámaras mediante carteles visibles, incluso cuando el sistema solo grabe imágenes en directo sin almacenarlas.

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