Suspensión de desahucios hasta 2030: qué cambia según el caso, según un abogado

La suspensión de los desahucios hasta 2030 introduce cambios importantes para propietarios e inquilinos en España, aunque su aplicación depende de las circunstancias de cada caso, del motivo del desalojo y de la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. Así lo explica Alberto Sánchez, abogado especializado en derecho inmobiliario, que ha utilizado sus redes sociales para aclarar las diferencias que establece la normativa. "Se suspenden los desahucios del alquiler hasta el 2030, pero no afecta igual a todos los casos", señala el experto.

Sánchez distingue tres situaciones: cuando el inquilino deja de pagar el alquiler, cuando finaliza el contrato y el inquilino no abandona la vivienda, y cuando el procedimiento lo inicia un fondo de inversión. Cada una tiene condiciones distintas, tanto para quienes residen en el inmueble como para sus propietarios.

En el primer supuesto, el de un inquilino que deja de abonar las mensualidades, si se acredita la vulnerabilidad prevista legalmente, la Administración dispone de un plazo de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o asumir el pago de las cantidades pendientes. "Si la administración no hace ninguna de estas dos cosas, la deuda pasa a ser suya", explica el abogado, que añade: "Al inquilino no se le puede desahuciar". Sánchez subraya además que "da exactamente igual cuántas viviendas tenga el propietario".

En el segundo caso, cuando termina el contrato pero el inquilino sigue en la vivienda, el juez puede acordar la suspensión del desahucio durante un máximo de tres años, siempre que se cumplan los requisitos. Durante ese tiempo, la normativa prevé una compensación económica a favor de determinados propietarios, con los límites y condiciones legales. Sánchez advierte, no obstante, de excepciones: si el propietario tiene dos viviendas o menos y acredita vulnerabilidad, no procede la suspensión.

El tercer escenario afecta a determinados fondos y entidades dedicados a la compra de inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados. Según explica Sánchez, el desahucio puede quedar suspendido hasta el 31 de diciembre de 2030, sin compensación económica para estas entidades, siempre que la persona afectada sea vulnerable, carezca de alternativa habitacional y la entidad reúna las características previstas en la normativa.

El abogado concluye con una aclaración clave: "Estas medidas afectan solo a los inquilinos vulnerables, pero alcanzan a todos los contratos de alquiler, también a los antiguos". Para acogerse a ellas hay que acreditar la vulnerabilidad y cumplir los requisitos de cada procedimiento. Desde Alicantet, la información sirve de orientación general a los vecinos de la provincia, que deberán consultar su caso concreto con un profesional.

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