La Ley de Nietos enfrenta al Supremo y al Constitucional por el derecho al voto

La legalidad de la llamada Ley de Nietos y sus efectos sobre el derecho al voto se encuentran en el centro de un proceso judicial que enfrenta interpretaciones contrapuestas sobre la nacionalidad concedida al amparo de la ley de memoria. El texto sostiene que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de personas cuya nacionalidad está siendo cuestionada judicialmente.

El artículo defiende que el voto no es un derecho autónomo en este caso, sino una consecuencia de la nacionalidad española. Según esta interpretación, si existen dudas sobre la legalidad de la concesión de esa nacionalidad, la suspensión cautelar del voto serviría para proteger la limpieza del proceso electoral y no para limitar arbitrariamente ese derecho.

El Defensor del Pueblo sostiene, por el contrario, que no se puede negar cautelarmente el derecho al voto a quienes ya han obtenido la nacionalidad, aunque su concesión esté sometida a un procedimiento judicial. El texto considera que esta posición da una preeminencia artificial al voto y obvia que la nacionalidad es el presupuesto previo para ejercerlo.

La controversia también alcanza al Tribunal Constitucional, ante el recurso de amparo anunciado por el Defensor del Pueblo. El artículo argumenta que el Constitucional no debería anular la medida cautelar del Supremo sin valorar antes si la concesión de la nacionalidad se ajustó plenamente a la legalidad, lo que supondría entrar en el fondo de un asunto pendiente ante la jurisdicción ordinaria.

El análisis cuestiona además que la Ley de Nietos, reservada inicialmente a descendientes del exilio, se ampliara posteriormente a otros supuestos. La información afecta al conjunto de la Comunidad Valenciana, incluida Alicante, por tratarse de un debate estatal sobre nacionalidad, memoria democrática, derecho electoral y límites de la actuación de las instituciones.

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