La prórroga de los alquileres ahorraría a las familias de Alicante unos 300 euros al mes

La convalidación del decreto que obliga a prorrogar los contratos de alquiler supondrá un alivio para los inquilinos que debían renegociar su contrato en los próximos dos años. La medida tendrá especial repercusión en provincias como Alicante, donde los precios de las rentas se han disparado en los últimos ejercicios, lo que anticipaba una notable subida de la mensualidad para los afectados. Según el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, las familias alicantinas en esta situación se ahorrarán una media de 7.186 euros durante los dos años de vigencia de la medida, es decir, evitarán una subida de casi 300 euros mensuales.

Para calcularlo, los técnicos del ministerio realizaron una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF, una estadística elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria, que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas hasta 2023. Compararon la renta prorrogada según las condiciones del decreto de vivienda, ratificado por la Diputación Permanente del Congreso, con el precio que hubiera tenido que pagar un contrato nuevo, de acuerdo con las ofertas publicadas en el portal Idealista. Después sumaron el ahorro total durante los dos años de vigencia.

En el conjunto de España, una media de 4.341 euros es lo que ahorraría un hogar que tuviera que renegociar su contrato en los próximos años, aunque la cifra varía mucho según el precio actual de los alquileres en cada zona y los incrementos experimentados. La provincia donde más ahorrarían los inquilinos cuyo contrato vence es Málaga, con 10.625 euros, seguida de Madrid (9.152), Valencia (8.436), Tenerife (7.596) y, en quinta posición, Alicante, con 7.186 euros. En el extremo opuesto, A Coruña (1.760 euros), Huesca (1.811) y Córdoba (2.044) son las provincias con menor repercusión. Castellón se sitúa en 3.890 euros. El estudio no incluye estimaciones para Cataluña, al estar declarada zona tensionada.

La prórroga obligatoria es la medida estrella del decreto, que superó el veto del Congreso con los apoyos de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Podemos, y los votos en contra de PP, Vox y Junts. Los inquilinos con contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar la prórroga automática por anualidades, durante un máximo de dos años, siempre que estén al corriente de pago y no hayan incumplido el abono de la renta en los ocho meses anteriores. El ministerio calcula que en total se beneficiarán 1.895.676 hogares en todo el país, lo que supone proteger a casi cinco millones de personas.

En el caso de Alicante, el precio medio que piden actualmente los propietarios por un piso de 80 metros cuadrados supera ya los 1.000 euros, tras subir más de un 75 % solo en los últimos cinco años. El decreto también limita la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, que será del 0 % si la renta supera el máximo del índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda y del 2 % si no lo supera. Además, fija una duración mínima de 31 días y máxima de doce meses para el alquiler temporal, y obliga a justificar la temporalidad del contrato. Para frenar el abuso de los alquileres por habitaciones, el precio total de las habitaciones no podrá superar el importe de la renta de la vivienda completa.

La norma también suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial hasta el 31 de diciembre de 2030 si el propietario es una empresa dedicada a especular con edificios de viviendas. Con el resto de arrendadores, la suspensión se revisará cada doce meses y tendrá una duración máxima de tres años. Asimismo, quedan prohibidas hasta 2030 las adquisiciones de vivienda por grandes tenedores y diversas entidades, y se establece un IVA del 10 % para los alquileres turísticos.

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