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PSOE y sus aliados pactan listas conjuntas al Senado en 46 provincias

PSOE, Sumar, Compromís y otros aliados concurrirán juntos al Senado en 46 provincias para intentar cambiar la mayoría del PP.

Redacción automática · Alicantet 2 min de lectura

El PSOE y los partidos que integran Frente Amplio, junto a varias formaciones nacionalistas de izquierdas, han cerrado un acuerdo para concurrir juntos al Senado en 46 provincias españolas. El pacto, denominado «Senado de Progreso», excluye las cuatro provincias catalanas y busca arrebatar al PP el control de la Cámara Alta.

La coalición estará formada por el PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre. En el caso de la Comunidad Valenciana, el acuerdo incorpora a Compromís, aunque el texto no detalla todavía los nombres de los candidatos ni la distribución de las candidaturas.

Las negociaciones han estado lideradas por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Fuentes socialistas aseguran que esperan «derrotar a la derecha y a la ultraderecha» en el Senado y que el pacto tenga también «un efecto movilizador» en las elecciones al Congreso.

El acuerdo se ha alcanzado después de una negociación que inicialmente planteaba listas conjuntas en unas 20 provincias y que finalmente se ha ampliado a casi todo el país. El pacto paralelo entre el PSC y los Comuns para Cataluña no ha sido posible, aunque el texto sostiene que la mayoría de izquierdas estaría asegurada allí por la previsión de una victoria socialista.

Los nombres de los candidatos se conocerán más adelante. El plazo para presentar las coaliciones terminaba este viernes, mientras que las listas pueden registrarse hasta el lunes 26 de octubre. En cada provincia se eligen cuatro senadores mediante listas abiertas y los votantes pueden marcar hasta tres candidatos.

El objetivo de las formaciones progresistas es cambiar la mayoría del Senado, que el PP ha utilizado durante la legislatura como contrapeso del Congreso. La Cámara Alta deberá elegir en los próximos cuatro años a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y, en 2029, renovar a la mitad del Consejo General del Poder Judicial.

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