Una serie británica sobre vertidos de aguas residuales reabre el debate sobre la privatización de servicios públicos
Una serie británica sobre vertidos de aguas residuales reabre el debate sobre la privatización de servicios públicos y su impacto en el turismo español.
Un artículo de opinión publicado en el medio Información reflexiona sobre la serie británica «Negocios turbios» («Dirty business»), disponible en Movistar Plus, que aborda el tratamiento de las aguas residuales en el Reino Unido en los últimos años. Según el autor, la ficción no es una película de intriga sino, en sus palabras, «más bien de terror», y sirve para plantear cómo la gestión de servicios públicos esenciales afecta al medio ambiente y a los ciudadanos.
El texto sitúa el origen del problema en el discurso de Margaret Thatcher a principios de los años 80, cuando defendió la privatización de estos servicios. Según el artículo, al pasar a manos privadas, el interés de estas empresas se centra en generar valor para sus propietarios y en las elevadas retribuciones de sus directivos, mientras que el interés público queda relegado a un segundo o tercer plano.
El autor describe como especialmente grave que la Agencia del Medio Ambiente inglesa dejara de controlar directamente los vertidos a la naturaleza y encomendara esa tarea a la propia empresa privada, que es la encargada de comunicar las anomalías a la Administración. Para el columnista, en esas condiciones el sistema no puede funcionar, porque los intereses de regulador y regulado no son los mismos, lo que hace que los ciudadanos pierdan protección y confianza en la Administración.
El artículo conecta el debate con la Comunidad Valenciana y España, territorios con una fuerte actividad turística. Recuerda que los turoperadores que trabajan con turistas británicos suelen incluir apartados sobre problemas sanitarios y medioambientales en España, y se pregunta hasta qué punto el atractivo de nuestras costas para el turismo inglés no se ve influido por lo que ocurre con el tratamiento de aguas en el Reino Unido.
El autor reconoce que en España no se conocen casos generalizados como los de la serie, aunque señala que aparecen de forma puntual denuncias de vertidos prohibidos a los ríos o de mortandad de fauna y flora, sin que después se hagan públicas las sanciones aplicadas. Concluye que la agilización administrativa y la reducción de controles a las empresas privadas no deben hacer perder la exigencia de proteger el bienestar social y el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Información elaborada a partir de Información.