Vivienda rectifica y reconoce que un adjudicatario de Les Naus sí cumplía los requisitos

La Conselleria de Vivienda ha remitido a la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus un nuevo informe en el que rectifica su conclusión inicial sobre uno de los adjudicatarios investigados y determina que sí cumplía los requisitos para acceder a uno de los pisos. Ahora, la magistrada Amparo Rubio deberá decidir si mantiene su imputación o archiva la causa para él, tras consultar previamente a las partes. El listado de investigados asciende ya a dieciocho personas.

En un informe anterior, de marzo, Vivienda aseguraba que el adjudicatario no cumplía los requisitos porque su esposa era titular de una finca urbana en el vecino municipio de Sant Joan d'Alacant. Tras las alegaciones y la documentación aportada, la Secretaría Territorial Adjunta de Vivienda ha acreditado que esa propiedad se vendió ante notario en julio de 2016 a una tercera persona, es decir, antes de que se inscribiera para optar a la vivienda.

Según el informe, el error se debió a una distorsión en la reparcelación forzosa del Plan de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución «La Font», que mantuvo provisionalmente la titularidad a nombre de la mujer en lugar de reconocer al verdadero comprador. La inscripción registral se subsanó en septiembre y, desde entonces, la Conselleria ha validado oficialmente que el adjudicatario cumplía todos los requisitos legales.

El juzgado de Alicante ya había rechazado en octubre las peticiones de archivo presentadas por tres investigados, al considerar «prematuro» cerrar la causa para ellos. La jueza espera todavía el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, necesario para tener un cuadro indiciario completo sobre los propietarios del residencial y su capacidad económica.

Entre los investigados figuran la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y su suegro; la exdirectora general y jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal Francisco Nieto; el promotor Francisco Ordiñana; el técnico de la Conselleria Roberto Palencia; la arquitecta municipal Elsa Lloret; y la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez, además de otros siete propietarios. A ellos se suman los tres representantes de Les Naus citados a declarar el lunes 9 de noviembre: Luis Alberto Meler, Vanesa Quero y Trinidad Box.

La causa afecta a las 140 viviendas protegidas del residencial de La Condomina, en la provincia de Alicante, cuyas adjudicaciones se investigan desde la justicia de la capital.

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