El juzgado de violencia contra menores de Barcelona afronta ya un atasco

El nuevo juzgado de violencia contra menores de Barcelona se ha visto desbordado solo seis meses después de su puesta en marcha. Desde enero recibe una media de diez casos diarios y no ha tenido margen para empezar a funcionar sin acumulación de asuntos.

Su situación refleja un problema más amplio de la justicia: los refuerzos llegan cuando la sobrecarga ya está instalada. Las investigaciones requieren especialización, medios y tiempo, por lo que crear nuevas plazas es necesario, pero no acorta por sí solo la espera de quienes necesitan una respuesta judicial.

La Comisión Europea ha reconocido los esfuerzos de España para reforzar una plantilla cuya insuficiencia se señala desde hace años. Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente de dos reales decretos para impulsar 500 plazas, que se suman a otras 500 aprobadas el año pasado.

Entre la aprobación de las plazas y su cobertura deben completarse convocatorias, formación y destinos. El reto, especialmente para Barcelona, es que los jueces lleguen a los órganos con mayor carga según las necesidades de cada jurisdicción y territorio, y no solo por la urgencia del anuncio.

El problema también afecta al sistema penitenciario catalán. Las prisiones superan el 95% de ocupación pese a la apuesta por las medidas penales alternativas. El eventual endurecimiento del castigo a los multirreincidentes exige prever dónde y cómo se cumplirán las condenas, junto con los módulos penitenciarios previstos y el refuerzo judicial.

La situación de Barcelona muestra que detectar una necesidad no equivale a atenderla. La eficacia de la reforma dependerá de que las nuevas plazas y los recursos penitenciarios se planifiquen con calendarios concretos y permitan que los juzgados salgan realmente del atasco.

Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).