El Supremo confirma que García Ortiz pagará 39.009 euros en costas a la defensa de González Amador
El Supremo rechaza impugnar la minuta de 38.508 euros del abogado de González Amador y fija las costas de García Ortiz en 39.009 euros.
El Tribunal Supremo ha rechazado la impugnación presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraban excesivos los honorarios de 38.508 euros del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Con ello, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de datos reservados, deberá asumir una tasación de costas de 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora.
En un decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal, se fija la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos en 38.508 euros. La letrada señala que, tras valorar el trabajo profesional desarrollado y la complejidad de la causa, "no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria" que permita calificar esos honorarios como excesivos.
El informe del Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares, al que tuvo acceso la agencia de noticias, considera que la cantidad reclamada es "ajustada" atendiendo a la complejidad del procedimiento, al tiempo de dedicación y al trabajo realizado. Este colegio examinó la minuta y la calificó de "adecuada" para su inclusión en la tasación, una vez excluidas las partidas consideradas indebidas.
El procedimiento se inició tras la condena del Supremo, dictada en diciembre de 2025, a García Ortiz por revelación de datos reservados de González Amador: 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular, y una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales.
La minuta inicial del letrado ascendía a 64.778,78 euros sin IVA (78.382,32 euros con impuesto). Tras la impugnación del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, la letrada de la Administración de Justicia estimó parcialmente el recurso en marzo y fijó el total en 39.009,48 euros. El Supremo desestimó después los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado mediante un auto de 2 de julio, que confirmó el decreto.
Aunque la noticia es de ámbito estatal y de la provincia de Alcalá de Henares, su seguimiento interesa a los lectores de Bilbao como parte de la información judicial y política que afecta a las instituciones del Estado.
Información elaborada a partir de Deia.