El TJUE confirma la legalidad del tope ibérico al gas de 2022
El TJUE avala definitivamente el tope ibérico al gas aplicado por España y Portugal en 2022 y rechaza el recurso de cinco empresas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves el tope ibérico al gas que España y Portugal activaron durante la crisis energética de 2022 para contener el precio de la electricidad. La sentencia rechaza el recurso presentado por cinco empresas españolas contra las condiciones de financiación del mecanismo.
El fallo confirma la resolución del Tribunal General de marzo de 2025 y mantiene la autorización concedida por la Comisión Europea. Las compañías cuestionaban las exenciones que permitían a determinados compradores de energía evitar la aportación destinada a sufragar la medida y denunciaban un trato discriminatorio.
Bruselas autorizó el sistema en junio de 2022 para limitar el impacto del gas sobre el precio eléctrico en ambos países. El mecanismo contemplaba compensaciones para las centrales que utilizaban combustibles fósiles, principalmente gas, financiadas en parte mediante pagos de determinados compradores de electricidad.
Quedaban exentos quienes hubieran firmado contratos a precio fijo antes del 26 de abril de 2022 y cumplieran los requisitos establecidos. Las empresas PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España sostenían que sus contratos financieros para protegerse de las subidas también debían permitirles acceder a esa exención.
El TJUE considera que las compañías no demostraron que la Comisión conociera sus circunstancias particulares al autorizar el mecanismo ni que estuviera obligada a ampliar el examen. El tribunal también descarta la discriminación alegada y recuerda que la legalidad de la decisión debe valorarse con los hechos y las normas existentes en el momento de su adopción.
La sentencia desestima además las objeciones sobre el acceso a documentos del procedimiento y las supuestas infracciones de las normas europeas del mercado eléctrico. La decisión afecta al marco energético aplicado en España, también relevante para los consumidores y empresas de Bilbao y Bizkaia, aunque el litigio no se refiere específicamente al territorio.
Información elaborada a partir de Deia.