El Supremo pide aclaraciones sobre el voto de nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo da 48 horas a las partes para alegar sobre los nacionalizados por la ley de nietos y su inscripción en el censo exterior.
El Tribunal Supremo ha dado un plazo improrrogable de 48 horas, hasta las 15.00 horas del jueves, para que las partes informen sobre si deben ser oídas las personas que obtuvieron la nacionalidad española de origen por la llamada ley de nietos y aún no figuran en el censo electoral de residentes ausentes en el extranjero (CERA), así como quienes ya están inscritos.
La petición se produce mientras la Sala estudia si mantiene o levanta la medida cautelar adoptada el pasado 8 de septiembre, que dejó en suspenso determinadas inscripciones en el CERA de hijos y nietos de exiliados que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, cuando no acrediten esa condición.
El plazo afecta a la Junta Electoral Central, la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y los demandantes: Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír. El Supremo señala que considera necesario oír a los nacionalizados para valorar la válida y eficaz constitución de la relación jurídico-procesal, aunque ninguna de las partes lo había solicitado hasta ahora.
La decisión llega después de que los demandantes pidieran al alto tribunal que rechace el recurso de la Abogacía del Estado y adopte medidas para garantizar la eficacia de estas inscripciones en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Iustitia Europa reclama determinar qué inscripciones del censo cerrado a 1 de agosto están afectadas por la suspensión, mientras Vox solicita un listado anonimizado con la provincia de asignación.
Hazte Oír ha pedido además que se traslade al Ministerio de Asuntos Exteriores la propuesta de invitar a la OSCE/OIDDH a evaluar las necesidades de observación del proceso, incluido el voto exterior. La deliberación del Supremo estaba prevista antes del anuncio de la convocatoria electoral, aunque los demandantes han reclamado que se resuelva con urgencia.
La cuestión afecta al voto exterior de ciudadanos españoles, incluidos los que puedan estar vinculados con Córdoba, aunque el procedimiento se tramita ante el Tribunal Supremo y no se han comunicado datos específicos sobre electores de la provincia.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.