Desarticulada una red que cobraba hasta 30.000 euros a migrantes por conseguir papeles en España

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una presunta organización criminal dedicada a facilitar la entrada y la regularización administrativa de migrantes en España mediante contratos de trabajo fraudulentos. La operación se ha saldado con 50 detenidos, 48 hombres y dos mujeres, y con unos beneficios que superarían los 3,2 millones de euros, según las estimaciones de la investigación. La policía catalana considera que es la mayor investigación que ha desarrollado hasta ahora el cuerpo en el ámbito de la inmigración irregular.

Los arrestos se produjeron principalmente en distintos municipios de la provincia de Barcelona y afectan tanto a los supuestos integrantes de la organización como a empresarios que presuntamente colaboraban con sus actividades. De los detenidos, siete están considerados presuntos miembros de la estructura criminal y 43 son empresarios relacionados con las tramitaciones fraudulentas. Tres de los siete supuestos integrantes de la red han ingresado en prisión por orden judicial.

Según las pesquisas, la organización captaba principalmente a ciudadanos de origen paquistaní interesados en obtener autorizaciones de residencia y trabajo en España. Para ello, presuntamente simulaba relaciones laborales mediante contrataciones fraudulentas que permitían facilitar la entrada de los extranjeros o regularizar posteriormente su situación administrativa. Los migrantes llegaban a pagar hasta 30.000 euros por la documentación y por un contrato de trabajo que respaldase su solicitud.

La investigación sitúa la actividad de la trama entre marzo de 2022 y julio de 2023. En ese periodo, los implicados habrían presentado 224 expedientes de contratación en origen, de los cuales 108 obtuvieron una resolución favorable. A partir de estas tramitaciones, los investigadores calculan que la organización pudo obtener más de 3,2 millones de euros.

La operación policial se desarrolló en dos fases, los días 26 y 27 de octubre, con la participación de 81 agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra. Tuvieron un papel destacado la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans (UCTEH) y el Àrea Central de Crim Organitzat (ACCOR). La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, aunque también hubo arrestos en Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.

A los siete presuntos integrantes se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A los 43 empresarios detenidos se les investigan posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. La investigación sigue abierta y los Mossos d'Esquadra no descartan nuevas detenciones. El procedimiento está tutelado por la plaza 27 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, con la intervención de la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería de Barcelona.

Aunque la operación se ha desarrollado en Cataluña, afecta a un fenómeno que preocupa también en Gipuzkoa: los trámites de extranjería y la regularización de migrantes, asuntos que se tramitan a escala estatal y que cualquier vecino de Donostia-San Sebastián puede seguir en la medida en que afectan a los procesos de contratación y residencia.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.