El Gobierno fija controles mensuales para las autonomías en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
La nueva orden del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 obliga a las autonomías a enviar datos mensuales y avisar de cada pago. Claves de la medida.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden que establece los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La norma obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a suministrar de forma continua información económica y de gestión mediante sistemas informáticos compartidos y un cuadro de mando integral único.
La orden, firmada por la ministra Isabel Rodríguez, busca verificar el cumplimiento de los objetivos y el uso de los fondos públicos en tres líneas de ayudas: el incremento de la oferta social y asequible, la rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana o rural, y la reducción del esfuerzo para el pago y el impulso a la emancipación juvenil.
Las administraciones autonómicas deberán enviar cada mes natural los indicadores correspondientes, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, y comunicar de inmediato cualquier cambio relevante, como concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios o cumplimiento de hitos. La transmisión se hará de forma automatizada a través de la Red SARA. Por cada envío, la plataforma ministerial devolverá un acuse de recibo con validación técnica.
Además, las comunidades deberán presentar informes trimestrales de avance antes de que termine el mes siguiente al periodo evaluado, con la evolución por línea de ayuda, el grado de cumplimiento de las metas y las medidas correctoras ante posibles desviaciones. Antes del 31 de enero de cada año, también tendrán que entregar un informe anual de evaluación que incluya las auditorías y controles de subvenciones realizados y las irregularidades detectadas.
La orden exige, asimismo, certificaciones específicas para cada actuación financiada, que acrediten la permanencia indefinida del régimen de protección cuando la normativa lo establezca y que las adjudicaciones se tramitan mediante el registro público de demandantes o procedimientos objetivos y transparentes. El Ministerio podrá ofrecer herramientas alternativas por dificultades técnicas hasta el 1 de junio de 2027, sin que ello exima a las autonomías de cumplir los plazos.
Esta medida es de ámbito estatal y afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco como a las demás comunidades. La noticia no recoge datos específicos sobre Donostia-San Sebastián ni sobre Gipuzkoa, pero refleja el marco de control que regirá la ejecución de las ayudas a la vivienda en el territorio.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.