El Gobierno Vasco revisará los contratos de las 510 VPO de Benta Berri compradas a Testa

El Gobierno Vasco revisará los contratos de alquiler de las 510 viviendas de protección oficial de Benta Berri, cuya compra a Testa Homes-Blackstone se anunció la semana pasada. El objetivo del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige el consejero socialista Denis Itxaso, es que estas viviendas sigan cumpliendo su función social y ofrecer seguridad y estabilidad residencial al mayor número posible de familias que ya viven en ellas.

El proceso se desarrollará en dos fases. La primera, una vez formalizada la adquisición, consistirá en revisar los contratos vigentes para detectar posibles incumplimientos de los requisitos de acceso y permanencia en una vivienda protegida. Se atenderá especialmente a la falta de ocupación efectiva como residencia habitual, a la titularidad de otra vivienda en propiedad incompatible con el alquiler protegido y al uso indebido, en particular la explotación como alojamiento turístico.

Respecto a este último punto, Itxaso informó este miércoles, en una reunión con los inquilinos, de que ya se ha consultado el registro de pisos turísticos y no consta ninguna vivienda registrada para ese uso en las direcciones de la promoción. Aun así, se hará una comprobación adicional preventiva. Los casos de incumplimiento se evaluarán individualmente y, cuando existan causas legales de exclusión, se iniciarán los procedimientos correspondientes.

La segunda fase, de mayor recorrido, analizará la situación económica de las unidades de convivencia y diseñará un modelo de vivienda asequible acorde con criterios de equidad y con la realidad socioeconómica de la ciudad. El horizonte fijado es noviembre de 2028, fecha prevista para la finalización de los contratos si no se hubiera producido la compra pública, con la posible prórroga derivada del decreto recientemente aprobado en el Consejo de Ministros. El plazo permitirá valorar circunstancias como la jubilación próxima de algunos titulares, la emancipación de hijos que hoy computan en la renta familiar u otros cambios previsibles, en lugar de basarse solo en los ingresos actuales.

La operación supone, según el texto, un rescate inédito de viviendas en manos de un fondo de inversión para el parque público, y convierte al País Vasco en la primera comunidad en abordar un movimiento de estas características. La adquisición se ha cerrado en 100 millones de euros: 31 millones aportados por el Gobierno central, correspondientes a la ayuda de 180 millones aprobada para las comunidades con zonas tensionadas, y 69 millones del propio Gobierno Vasco. Son unos 196.000 euros por vivienda, un precio similar al de una VPO.

Con el acuerdo alcanzado con la socimi Testa Homes, el Gobierno Vasco adquiere la totalidad del derecho de superficie sobre las 510 viviendas, vigente hasta 2069, de modo que suelo y viviendas quedarán bajo una misma titularidad pública, ya que el suelo siempre ha sido propiedad del Gobierno Vasco.

Información elaborada a partir de El Diario Vasco.