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La VPO de alquiler tendrá prioridad en las 400 viviendas de la antigua cárcel de Martutene

Vivienda protegida de alquiler tendrá prioridad en las cerca de 400 viviendas de Txomin Enea II, en la antigua cárcel de Martutene.

Redacción automática · Donostia-San Sebastián 2 min de lectura

La cumbre celebrada en Madrid entre el Gobierno Vasco, el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Donostia ha permitido desbloquear el derribo de la antigua cárcel de Martutene y sentar las bases para construir cerca de 400 viviendas en el desarrollo urbanístico de Txomin Enea II. La vivienda protegida, y especialmente la destinada al alquiler, tendrá «prioridad» en la calificación de esos pisos. Según la nota conjunta de las tres partes, la actuación prevé también alojamientos dotacionales junto a las viviendas asequibles.

El Ayuntamiento cederá al Gobierno Vasco la totalidad de los terrenos municipales, que suponen cerca de dos tercios de la superficie de Txomin Enea II. Fuentes del Departamento vasco de Vivienda avanzan que toda la vivienda que el Gobierno Vasco construya en esos terrenos será de alquiler protegido, en distintas modalidades como VPO, alojamientos dotacionales o viviendas tasadas de alquiler.

La reunión, en la que participaron la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, abordó tres líneas de trabajo: la demolición de la antigua prisión, la cesión de los terrenos municipales y la preparación de un convenio para ordenar la urbanización y coordinar las promociones de Visesa y Casa 47. El presupuesto de ejecución por contrata del derribo asciende a 3,6 millones de euros, que llegan a 3,7 millones con la redacción del proyecto y un estudio histórico elaborado por Aranzadi.

La urbanización del ámbito tiene una estimación preliminar de unos 14,5 millones de euros, una cifra que aún no está cerrada y que deberá concretarse con el proyecto de urbanización. El Ayuntamiento llevará el próximo martes a la Junta de Gobierno Local la aprobación inicial del proyecto de reparcelación.

El alcalde, Jon Insausti, se mostró satisfecho y afirmó que estarán dispuestos a ceder parcelas al Gobierno Vasco con la condición de que las viviendas sean para donostiarras, que los costes de urbanización los asuma la institución constructora y que los plazos sean rápidos. Insausti reclamó además a la ministra una respuesta sobre la construcción de 900 viviendas en Antzita, pendiente de un informe de Medio Ambiente.

Itxaso, por su parte, celebró los avances para desbloquear el desarrollo residencial y pidió celeridad en la ejecución del proyecto.

Información elaborada a partir de El Diario Vasco.

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