Plus Ultra inicia una reestructuración con sus acreedores y plantea un ERE en Madrid

Plus Ultra ha iniciado un proceso de negociación con sus acreedores para reforzar su estructura financiera y garantizar la continuidad de sus operaciones, en un contexto marcado por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos con potenciales inversores. La aerolínea ha presentado ante el juzgado competente la comunicación del inicio del proceso de reestructuración conforme a la legislación española, y ha anunciado la intención de iniciar un despido colectivo (ERE), la suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas y una reducción de más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular.

La medida afectaría al centro de trabajo de Madrid, que incluye los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según la documentación trasladada a la representación legal de los trabajadores, la plantilla en ese centro es de 679 empleados, de los que 668 están en activo y 11 en situación de excedencia.

Entre los datos aportados por la dirección, la compañía cifra su gasto en combustible en 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6% más. Además, registra un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto. Plus Ultra atribuye la situación, además del combustible, a otros acontecimientos geopolíticos, catástrofes naturales y cierres de espacio aéreo por conflictos bélicos, que según la empresa han dado al traste con las expectativas del sector.

La compañía asegura que continúa operando y que mantiene como prioridades la seguridad de sus vuelos, la atención a pasajeros y empleados, y sus relaciones con clientes, proveedores, instituciones y socios. Su división ACMI/Chárter también opera con normalidad.

Por su parte, UGT Sector Aéreo Madrid considera imprescindible que la plantilla disponga de información clara, completa y verificable sobre la situación real de la empresa, y reclama transparencia sobre su estado financiero y patrimonial, así como sobre las negociaciones con posibles inversores y los planes de viabilidad. El sindicato también pide garantías sobre el mantenimiento de la actividad y la protección de los derechos laborales y económicos de toda la plantilla.

La dirección ha planteado la posibilidad de negociar medidas alternativas, como suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un ERTE. UGT ha respondido que estas deben analizarse con rigor, siempre que supongan una solución real y no una prolongación de la incertidumbre. El siguiente paso, tras la comunicación al Comité de Empresa, es la constitución de la Comisión Negociadora, que puede estar formada por hasta 13 miembros de la representación de los trabajadores.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.