El caso Líbero sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional al Granada CF y a sus antiguos dirigentes

El juicio del caso Líbero, que enfrenta al Granada CF y a algunos de sus antiguos propietarios y dirigentes, ha arrancado en la Audiencia Nacional con la declaración de los agentes de la UDEF que investigaron la causa. La investigación parte de la denuncia de Omar Z. C., un empresario que había mantenido negocios con los acusados y que era responsable de la firma británica Solver, patrocinadora del club granadino durante dos temporadas. Según el relato de los agentes, este hombre tenía seis cuentas en esa entidad, desde las que se detectaron ingresos de las sociedades investigadas vinculados a presuntas actividades de delincuencia internacional, con sospechas de blanqueo de capitales. Entre esos movimientos aparecían también millonarios relacionados con las empresas de Quique Pina.

Según el sumario, Omar Z. C. formaba parte del círculo de confianza de los acusados y acabó aportando a las autoridades su versión de cómo, presuntamente, funcionaba el entramado societario. Afirmó que, tras transferir por orden de Enrique Pina 300.000 euros a Australia para la compra de un yate con fondos desviados del Granada CF, una persona cercana al entonces presidente del club le dijo que ya era «uno de los nuestros». Además, aseguró que llegó a guardar un millón de euros durante un año y que actuó como testaferro del presidente, según su propia declaración.

Sus declaraciones, primero ante la Policía Nacional en marzo de 2016 y después ante la Guardia Civil, dieron lugar a la apertura de una causa independiente por blanqueo en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que el 28 de diciembre de 2016 abrió diligencias bajo la denominación «Blanqueo fútbol». Según el texto, el testimonio fue calificado de «verosímil» por la Fiscalía y el juez, y durante la investigación se realizaron informes, intervenciones telefónicas y comisiones rogatorias a Italia, donde también se investigaban movimientos del Granada CF.

El testigo también habló de presuntos amaños de partidos vinculados a la recaudación de taquilla y de una supuesta detracción de más de un millón de euros mediante el inflado de facturas de la nueva Ciudad Deportiva del club, en la que, según su relato, los costes que figuraban ascendían a 4,5 millones de euros frente a los 3 millones reales. Según su versión, Pina exigió a Gino Pozzo 20 millones de euros como finiquito tras la venta del club, cifra que finalmente se habría reducido a 5 millones. Todo ello son alegaciones recogidas en el sumario y que deberán ser valoradas en el juicio.

Información elaborada a partir de Granada Hoy.