La presunta estafa de Ávila Rojas con doble venta de pisos se extiende a 252 fincas en Granada y Málaga

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha identificado por ahora 252 fincas afectadas por la supuesta doble venta de propiedades vinculada a José Ávila Rojas. Al menos 242 se ubican en Granada y la Costa Tropical, y una decena se reparte entre Marbella y Estepona, según un oficio ampliatorio remitido por la Policía Nacional.

La investigación está abierta en la plaza 5 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella por presunta estafa inmobiliaria, falsedad documental y blanqueo de capitales. Están investigados el empresario José Ávila Rojas, el apoderado de la mercantil, el comprador del patrimonio y las empresas con las que operó, así como el notario que firmó la operación.

Según los investigadores, los bienes están repartidos en doce distritos registrales distintos. Ven indicios de que tanto la promotora granadina, que traspasó patrimonio ya vendido a particulares hace décadas, como el fondo de inversión que compró los inmuebles actuaron de forma «concertada y estudiada», con la «anuencia» notarial.

Hasta la fecha hay al menos diez familias particulares afectadas y tres sociedades que compraron después los bienes al fondo, aunque no se puede precisar la cifra exacta de perjudicados, ya que el número de fincas registrales no equivale al de personas afectadas. Además, existen participaciones indivisas y propietarios que adquirieron sus viviendas hace años sin llegar a inscribirlas en el Registro de la Propiedad.

La UDEF considera que Ávila Rojas «conocía sin lugar a dudas» que los inmuebles no eran de su propiedad. Los investigadores también señalan que el fondo de inversión tenía conocimiento previo de la situación de los inmuebles, y que trabajadores vinculados al empresario que los adquirió solicitaban certificaciones registrales para provocar la cancelación por caducidad de antiguas anotaciones y presentar las fincas como libres de cargas. Del mismo modo, 38 protocolos notariales fueron autorizados por el mismo notario, con escrituras que contenían información falsa sobre ocupaciones ilegales o deudas, pese a que los residentes estaban al corriente de pagos y tenían títulos legítimos.

La UDEF destaca además que la operación se fraguó en mayo de 2025 y que la nueva empresa desvió activos a otras sociedades de su entorno. Asimismo, casi toda la operativa económica se hacía a través de una cuenta en Holanda, algo que los agentes consideran «poderosamente llamativo». La jueza de Marbella mantiene la medida cautelar que paraliza las inscripciones en los registros para proteger a los propietarios. Este medio ha contactado por escrito con la promotora granadina y espera respuesta.

Información elaborada a partir de Ideal.