El TSJA hace firme la anulación del bloque de Bola de Oro
El TSJA declara firme la anulación de la licencia del bloque de 15 viviendas de Bola de Oro y ordena comunicar el fallo al Ayuntamiento y la promotora.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado firme la sentencia que anula la licencia de obras del edificio de 15 viviendas construido en la plaza Puntal de Vacares, en el barrio granadino de Bola de Oro, así como los dos estudios de detalle que lo amparaban.
El inmueble está terminado y sus pisos han sido vendidos. Los vecinos de las viviendas colindantes, que denunciaron haber quedado «encajonados» por la construcción, acudieron a los tribunales. El TSJA les dio la razón el pasado julio y ni el Ayuntamiento de Granada ni la promotora recurrieron la resolución ante el Tribunal Supremo dentro del plazo establecido.
En un decreto dictado a principios de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ordena comunicar la firmeza de la sentencia al Ayuntamiento y a la promotora para que la cumplan. También acuerda publicar la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y advierte de que, dos meses después de la comunicación, las personas afectadas podrán solicitar su «ejecución forzosa».
La anulación se basa en el incumplimiento de la normativa urbanística respecto a la anchura del vial de acceso, de apenas tres metros, y en que no se acreditó la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este permiso era preceptivo porque la obra se encuentra junto al río Genil.
La Asociación Plaza Puntal de Vacares, representada por el abogado José Manuel Aguayo Pozo, ha pedido el cumplimiento íntegro del fallo. Según el letrado, cuando finalice el plazo legal solicitarán ante el propio TSJA la ejecución forzosa y exigirán al Ayuntamiento que concrete qué actuaciones adoptará.
Los vecinos aseguran que vigilarán cualquier posible modificación del planeamiento que pudiera mantener la situación actual y advierten de que recurrirán cualquier intento de eludir una sentencia firme. Si se acredita que la resolución no puede ejecutarse material o legalmente en sus propios términos, será el tribunal quien determine las consecuencias jurídicas y, en su caso, las posibles responsabilidades e indemnizaciones.
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