Un supuesto abogado de Yale y falsos policías presionaban a propietarios de Granada para que abandonaran sus viviendas

La UDEF investiga a un empresario de un fondo de inversión que habría empleado una red de unos ocho colaboradores para intimidar a los propietarios de viviendas incluidas de forma fraudulenta en los lotes patrimoniales adquiridos a Ávila Rojas, la promotora granadina en quiebra. Según el informe al que ha tenido acceso Ideal, algunos de ellos llegaron a hacerse pasar por policías y exigían de forma reiterada que les mostraran sus títulos de propiedad.

Los colaboradores se presentaban como jefes de seguridad o directores de operaciones, en representación de una supuesta empresa o despacho de abogados del grupo inversor. Para justificar que el fondo era el dueño legítimo, exhibían notas simples del Registro de la Propiedad en las que todavía figuraban como titulares registrales mercantiles vinculados a la promotora granadina. Según la UDEF, el objetivo era que los afectados, muchos de ellos octogenarios, abandonaran sus casas. Una propietaria que compró su vivienda en 1980 relató visitas insistentes y una segunda en la que dos individuos se identificaron como policías para advertirle de la gravedad del asunto.

Los investigadores sostienen además que el fondo conocía previamente la situación registral de los inmuebles, ya que sus trabajadores habrían solicitado información sobre ellos. Una de las mercantiles compradoras declaró que el empresario investigado le entregó las llaves de un piso en Granada junto a un vídeo en el que se veía cómo manipulaban la cerradura y colocaban una nueva.

El investigado, natural de Santa Cruz de Tenerife, no figura colegiado en el Consejo General de la Abogacía Española, pese a presentarse como abogado y director ejecutivo de una firma sin inscripción formal. En su perfil de LinkedIn atribuye una titulación en Derecho Internacional por la Universidad de Yale. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, es administrador único de 14 empresas y administrador solidario de otras dos, con negocios en Canarias, Málaga y la Costa del Sol, y figura en la lista de morosos de Hacienda por 3,3 millones de euros.

El propio investigado ya fue condenado por un juzgado de Almuñécar, en Granada, por coacciones tras presentarse el 15 de enero de 2026 en un apartamento para «tratar de tomar el control y la posesión material del piso». La Guardia Civil instruyó el atestado y el caso acabó en juicio rápido con una multa de 450 euros. El empresario está investigado por presunta estafa y blanqueo de capitales por el juzgado de Marbella y por la UDEF.

Información elaborada a partir de Ideal.