La UDEF indaga facturas por 93.808 euros del sindicato policial de Granada

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga posibles irregularidades en la facturación del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG-USPLE) y en la actividad de su centro de formación. Los agentes sospechan que parte del dinero abonado por opositores pudo desviarse mediante facturas por servicios supuestamente prestados por terceros y regresar después al sindicato en efectivo.

La documentación intervenida durante los registros de febrero de 2025 recoge transferencias por un total de 93.808,60 euros a dos entidades a las que se habrían emitido facturas falsas, según un nuevo oficio remitido por la UDEF al Tribunal de Instancia de Granada dentro de la macrocausa sobre presuntos amaños de oposiciones. En la sede sindical, situada en el callejón del Molino San Martín, los agentes incautaron teléfonos móviles, ordenadores, un disco duro, nóminas, facturas y listados de afiliados.

La investigación se centra especialmente en el centro de formación continua del SIPLG, que también preparaba a opositores de nuevo ingreso. Los aspirantes pagaban 120 euros mensuales por la modalidad presencial y 30 euros por la online. La UDEF sostiene que no se ha presentado acreditación para impartir esa formación y señala que, desde junio de 2024, profesores y el director del centro Nous pasaron a estar contratados o dados de alta por el sindicato.

Según los investigadores, Nous emitió al SIPLG 17 facturas por 77.848,60 euros bajo el concepto de «Formación». La UDEF considera que esas facturas pudieron inflar los gastos del sindicato y facilitar la retirada del dinero en efectivo para devolverlo posteriormente a la cúpula sindical. Además, una tercera sociedad emitió tres facturas por 15.960 euros y su administrador habría reconocido que no impartió formación y que reintegró el dinero en efectivo.

La Policía Nacional atribuye al secretario general del SIPLG y al exdirector de Nous la posible organización de un sistema de facturación que no respondería a la realidad. Para comprobarlo, la UDEF ha solicitado información bancaria, inspecciones de la Agencia Tributaria entre 2024 y 2026, datos de la Seguridad Social y la documentación que acredite la habilitación del sindicato para formar a opositores.

El secretario general del sindicato, Francisco Miguel Fernández, rechaza las acusaciones y acusa a la UDEF de «falta de profesionalidad y total incompetencia». Defiende que el sindicato está dado de alta en Hacienda para desarrollar actividades de enseñanza y formación, que los profesores cotizan a la Seguridad Social y que sus estatutos permiten la participación de simpatizantes, incluidos aspirantes a Policía Local. También sostiene que la formación está exenta de IVA y anuncia posibles acciones legales contra los investigadores.

Información elaborada a partir de Ideal.