Tres exediles de Alhendín defienden ante la Audiencia que actuaron con aval técnico
La Audiencia de Granada juzga la última pieza del caso Marchelo, con tres exediles de Alhendín que niegan presiones y defienden sus informes técnicos.
La última pieza del caso Marchelo ha llegado a juicio en la Audiencia Provincial de Granada, dos décadas después de los hechos. Dos empresarios, tres exconcejales del Ayuntamiento de Alhendín y un técnico municipal están acusados por la operación urbanística que permitió construir una gasolinera en unos terrenos vendidos por el entonces alcalde, José Guerrero.
La Fiscalía reclama 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación para cada uno de los tres exconcejales, 18 meses de prisión para el técnico municipal y 21 meses para uno de los empresarios. Al exalcalde, nonagenario y con problemas de salud, se le archivó la causa.
El exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández ha defendido que se limitó a aprobar proyectos respaldados por informes técnicos favorables. Ha asegurado que desconocía que los terrenos estaban vinculados al alcalde hasta una junta de gobierno local de 2003, en la que Guerrero se abstuvo, y ha negado haber recibido instrucciones para orientar el voto.
Los otros dos exediles también han declarado que conocieron la titularidad de los terrenos en aquella junta o a través de los medios de comunicación. El arquitecto técnico municipal se ha ratificado en sus informes y ha negado presiones del alcalde. Según su explicación, el suelo tenía un uso predominantemente residencial, aunque podía admitir determinadas actividades industriales que no generasen molestias.
La Fiscalía sostiene que la clasificación urbanística original impedía instalar la gasolinera y que después se modificó presuntamente de forma fraudulenta para permitir su construcción y explotación. Las defensas han pedido anular las intervenciones telefónicas practicadas en 2006, mientras que el Ministerio Público considera que se ajustaron a la legalidad.
La Audiencia Provincial de Granada también debe resolver las cuestiones previas planteadas por las partes, entre ellas la legitimación de la acusación particular y la posible existencia de daños para el empresario denunciante, que sostiene que la estación de servicio le provocó competencia ilícita y pérdidas de ingresos.
Información elaborada a partir de Ideal.