Una sentencia condiciona la custodia de una niña en Castril al regreso de su madre a Ayamonte
Una sentencia obliga a una madre de Castril a volver a Ayamonte o perder la custodia de su hija de siete años. La familia ha recurrido el fallo.
Una madre que vive desde abril de 2025 en Castril (Granada) con sus dos hijas deberá decidir antes del próximo martes si regresa a Ayamonte (Huelva) o se separa de su hija menor, de siete años. Una sentencia dictada en julio por un juez sustituto del Tribunal de Instancia de Huéscar atribuye la guarda y custodia de la pequeña a la madre, a quien describe como «principal figura cuidadora», pero condiciona esa decisión a su vuelta a Ayamonte, por considerar que es el entorno donde la niña ha vivido casi toda su vida. Si no regresa, la custodia pasará al padre.
La representación legal de la madre critica que la resolución no tiene en cuenta el efecto de separar a la menor de su hermana, de once años y fruto de una relación anterior de la progenitora, así como el arraigo de la pequeña en Castril. La familia se trasladó junta a esta localidad granadina, pero la pareja se separó después y el padre regresó a Huelva.
El tribunal desestimó la custodia compartida solicitada por el padre, al considerar que en las circunstancias actuales no garantiza mejor la estabilidad de la menor. Si la madre vuelve a Ayamonte, el padre tendrá a la niña en fines de semana alternos y vacaciones escolares repartidas; si no, el régimen se invertirá. El progenitor no custodio deberá abonar 250 euros mensuales, sin incluir los gastos extraordinarios.
El abogado de la madre, Antonio Javier Galera, ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial de Granada. Alega un error en la valoración de la prueba, al no considerarse la composición real de la unidad familiar, y sostiene que el cambio de residencia fue un acuerdo voluntario de la pareja. Además, pide suspender cautelarmente la orden de entrega de la menor hasta que se resuelva el recurso o se elabore un informe sociofamiliar.
Mientras tanto, según una providencia del mismo tribunal, la niña debe regresar a Ayamonte; de no hacerlo, la madre podría incurrir en un delito de sustracción de menores, castigado con dos a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad.
Información elaborada a partir de Ideal.