La Junta prepara multas de hasta 60.000 euros por agredir a sanitarios en Andalucía

La Junta de Andalucía prepara un endurecimiento de las sanciones contra quienes agredan a los profesionales sanitarios, con multas que podrán alcanzar los 60.000 euros. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha convocado para el próximo lunes 9 de noviembre al Observatorio de Agresiones contra los Profesionales Sanitarios para presentarles el borrador del decreto ley que pretende reforzar la protección de los trabajadores del sistema sanitario público.

La iniciativa se enmarca en una futura ley integral contra las agresiones a sanitarios, que la Consejería prevé llevar al Parlamento antes de que acabe el año, aunque su aprobación se hará mediante decreto ley por razones de «urgencia y necesidad». El texto incorporará un régimen sancionador propio que permitirá a la Administración autonómica tramitar los expedientes y resolver las multas sin esperar a que concluya el procedimiento penal derivado de los mismos hechos, con el objetivo de evitar que las agresiones queden sin respuesta administrativa mientras se desarrolla la vía judicial.

La reunión también abordará la reorganización del Observatorio, creado hace poco más de un año, y la puesta en marcha de grupos técnicos territoriales en las ocho provincias andaluzas. Estos equipos tendrán funciones de análisis, consulta y propuesta, sin capacidad decisoria, y dependerán funcionalmente del Observatorio. La estructura también contempla incorporar representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para mejorar la coordinación institucional.

Entre las novedades de la futura norma figuran la posibilidad de actuar frente a la reincidencia y la extensión de la protección a los ataques producidos a través de internet, las redes sociales y el acoso cibernético. Sanz ha anunciado también medidas para proteger la identidad de los profesionales que denuncien estos episodios y ofrecerles asistencia jurídica directa a través de los letrados del SAS. El consejero ha insistido en que la víctima no debe ser quien abandone su puesto o cambie de centro: «Tomaremos la decisión de que el que no deba aparecer más en ese centro de salud y no vaya a recibir el encuentro una vez más con el profesional sea el atacante y no el agredido», afirmó recientemente.

La dimensión del problema queda reflejada en las cifras de 2025, cuando se registraron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía, de las que aproximadamente el 80% fueron verbales. El sistema sanitario público andaluz dispone de más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso y alarmas individuales, y la dotación presupuestaria para estas medidas se ha duplicado, al pasar de poco más de 30 millones de euros a superar los 60 millones. Aun así, el propio Sanz ha reconocido que los recursos actuales siguen siendo «insuficientes».

Información elaborada a partir de Málaga Hoy.