La Junta prepara un Plan Vive 2027-2030 de 478 millones y busca capital privado en Málaga

La Junta de Andalucía prepara un nuevo Plan Vive para el periodo 2027-2030, dotado con 478 millones de euros, con el que prevé impulsar entre 9.000 y 9.500 viviendas protegidas. Así lo avanzó David Rodríguez, director general de Vivienda de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, durante el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), celebrado en Málaga.

Rodríguez defendió que la Administración no puede resolver por sí sola el problema de acceso a la vivienda y que necesita coordinarse con los promotores privados para aumentar la capacidad de producción. La idea es usar la financiación pública como palanca para atraer capital privado y hacer viables promociones que, por sus condiciones económicas, difícilmente encontrarían cabida en el mercado libre.

Según el responsable autonómico, la Junta tiene actualmente 2.306 viviendas protegidas en ejecución con ayudas públicas, y confía en que una parte importante puedan entregarse el próximo año. Además, las bolsas de suelo de los 13 principales municipios de Andalucía permitirían desarrollar al menos 20.000 viviendas, y 118 municipios se han adherido al decreto ley autonómico de medidas urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda protegida.

En Málaga, un ejemplo reciente es el concurso para construir 28 viviendas en las calles Parra y Alta, sobre suelo de titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La presentación de ofertas termina el 28 de febrero.

La rentabilidad sigue siendo el principal condicionante. Guillermo Prudencio Martín, director de Desarrollo de Negocio de O11h, explicó que las soluciones industrializadas pueden resultar más caras en coste directo, pero permiten optimizar el conjunto de la obra, y citó una promoción de 54 viviendas terminada en 18 meses frente a los 21 que se estimaban con un sistema convencional. Por su parte, Javier Braza, consejero delegado de Lagoom Living, advirtió de que la rentabilidad durante el desarrollo puede situarse por debajo del 6%, insuficiente para algunos inversores si no se reducen los riesgos y se garantiza la seguridad jurídica. Braza señaló que una promoción de alquiler asequible de su compañía en Málaga no habría sido viable sin los mecanismos de apoyo público.

Álvaro González López, delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, subrayó que ofrecer certidumbre al inversor es esencial, ya que las administraciones tienen suelo pero no siempre los medios para ejecutar las promociones directamente. Los expertos coincidieron en que la estabilidad regulatoria, la reducción de los plazos administrativos y la contención de los costes de construcción serán determinantes para que la inversión privada se traduzca en viviendas a precios accesibles.

Información elaborada a partir de Málaga Hoy.