Dos accidentes ferroviarios en menos de un año en la línea Madrid-Sevilla reabren el debate sobre la seguridad

Dos accidentes en menos de un año en la misma línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla han puesto en evidencia que algo no funciona, según el análisis publicado por La Región. Aunque las primeras investigaciones describen sucesos de distinta naturaleza, en ambos casos se habla de una concatenación de factores, y el último de ellos, en Urda (Toledo), ha causado la muerte de decenas de personas.

Sin conocer aún con certeza lo ocurrido, un tren AVE embistió por detrás a un convoy de la compañía italiana Iryo en las proximidades de Urda. A las pocas horas se apuntó a un fallo humano en el Centro de Control de Tráfico ferroviario de Atocha, mientras un sindicato ferroviario desvió el foco hacia las medidas de seguridad de la vía y acusó al Gobierno de precipitarse al imputar responsabilidades. Ese mismo sindicato pidió una auditoría sobre los arreglos realizados tras el accidente de Adamuz, que causó 46 muertos, porque no se detectó la rotura de un carril.

Las primeras evaluaciones apuntan a un fallo en uno de los sistemas de seguridad, el LZB, que activó otro de reemplazo; a un problema técnico que impidió reanudar la marcha al tren de Iryo; y a que se dio la orden de continuar al tren de Renfe. El texto insiste en que la investigación de accidentes ferroviarios es larga y compleja, por lo que no conviene extraer conclusiones precipitadas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios aún no ha publicado su informe definitivo sobre Adamuz, y el 14 de noviembre está previsto el análisis oficial de las cajas negras de ambos convoyes en el juzgado de Montoro (Córdoba).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, había afirmado que la línea Madrid-Sevilla fue revisada y modernizada a lo largo de 2025 y renovada tras el accidente de Adamuz. Aun así, el artículo señala que la falta de inversión en infraestructura, derivada de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en los últimos tres años, ha centrado las miradas, junto con las quejas de trabajadores sobre seguridad, la antigüedad del material rodante y las consecuencias de la liberalización y el aumento de frecuencias en alta velocidad.

El texto destaca además la solidaridad de la sociedad española con las víctimas, desde particulares hasta comunidades autónomas vecinas, y plantea si Óscar Puente debería dimitir ante un probable fallo humano que el propio ministro calificó de imprevisible, después de que en enero evitara asumir responsabilidades políticas con el respaldo de Pedro Sánchez. Por ahora, la prioridad señalada es esclarecer la causa definitiva de la tragedia.

Información elaborada a partir de La Región.