El Gobierno entrega al Supremo el listado de 163.355 nacionalizados afectados por la 'ley de nietos'

El Gobierno ha entregado al Tribunal Supremo el listado nominal de 163.355 nacionalizados españoles acogidos a la llamada "ley de nietos" que no podrían votar en las próximas elecciones generales si no acreditan que son descendientes de exiliados. La entrega se ha producido dentro del plazo fijado por el alto tribunal, que vencía a las 15.00 horas de este miércoles, según han comunicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes han indicado que la Abogacía del Estado ha pedido que el listado se declare reservado, al contener datos personales sensibles, para evitar un uso malicioso o ilegítimo de esa información. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha coordinado la revisión de los procesos de nacionalización en las oficinas consulares, y el primer telegrama con instrucciones se envió el 15 de septiembre, tras la suspensión cautelar del derecho al voto decretada por el Supremo.

El Ejecutivo también ha explicado que el 15 de octubre remitió a la Oficina del Censo Electoral un listado de 76.600 personas que constan como nacionalizadas en el Registro Civil digital conforme a la Ley de Memoria Democrática, que era la única información disponible en ese departamento. Según el Gobierno, "buena parte" de estas personas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto, como han pedido Vox y otras asociaciones de extrema derecha. Las fuentes sostienen que los procedimientos aplicados fueron "idénticos" a los de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y se desarrollaron con "plena normalidad".

De las personas incluidas en el listado, 901 tienen expedientes con la acreditación de la condición de exilio certificada por los cónsules, y podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre. El Gobierno calcula que, si todas las personas listadas estuvieran en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, el impacto sería de menos de 14.000 votos repartidos entre 52 circunscripciones, equivalente a menos del 0,06% de los votos de las elecciones generales de 2023. La incidencia real sería todavía menor, según el Ejecutivo, porque el listado incluye menores y personas fallecidas, y no todas figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

El Supremo había dado al Gobierno un plazo de cinco días para remitir la relación nominal de afectados y advirtió de posibles multas de 1.000 euros a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en caso de incumplimiento. Los magistrados señalaron que, de los informes recibidos, se desprendía la revisión de 31.390 expedientes, de los que se expidieron 91 certificados de acreditación del exilio, y consideraron que la Administración conoce la identidad de todas las personas afectadas.

Información elaborada a partir de La Región.