El decreto de vivienda deberá definir qué inversores quedan fuera del mercado

El Gobierno prevé prohibir hasta 2028 la compra de viviendas a los denominados «fondos buitre», pero el alcance de la medida dependerá de cómo defina el decreto qué es un fondo buitre y qué operaciones considera especulativas. El texto debe ser convalidado por el Congreso.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo ha preparado una definición «muy rigurosa» junto al Ministerio de Economía, aunque aplazó su publicación hasta que exista un texto definitivo. Rodríguez también apuntó que la categoría podría incluir a empresas que no sean fondos, al referirse a Urbagestión como una «pyme muy carroñera».

En el ámbito financiero, el término suele relacionarse con inversiones distressed: compras de deuda impagada, préstamos dudosos, inmuebles adjudicados o activos de propietarios con problemas de liquidez, normalmente con descuentos importantes. Blackstone, Lone Star y Cerberus han participado en operaciones de este tipo en España, con carteras de hipotecas problemáticas o deuda deteriorada.

La dificultad surge si la etiqueta se extiende a todos los inversores institucionales que compran viviendas para alquilarlas. Entre ellos figuran Vivenio, participada por APG y Aware Super, Ares Management, con unas 7.000 viviendas de alquiler en Madrid, y Nestar, controlada por CBRE Investment Management, con cerca de 9.000 casas.

El decreto tendrá que establecer la frontera entre estas inversiones y la especulación. Si se considera especulativa cualquier compra destinada a obtener una plusvalía, el alcance sería muy amplio e incluiría a promotores e inversores inmobiliarios. Si se limita a la adquisición de deuda o activos en dificultades con grandes descuentos, la definición se acercaría más al concepto financiero tradicional. La decisión afectará al mercado de vivienda en España y también será relevante para Baleares y Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.