El Gobierno rechaza que el decreto de centros de datos deba pasar por Bruselas antes del 29-N

El Gobierno se opone al intento de las grandes tecnológicas de que la Comisión Europea tenga que pronunciarse sobre el real decreto que prepara para los nuevos centros de datos, con exigencias ambientales y de seguridad digital. Según la información publicada por EL PERIÓDICO, esa maniobra obligaría a posponer la aprobación rápida de la norma, que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Spain DC, la patronal de los promotores de centros de datos que agrupa a empresas como Amazon, Google o Microsoft, pide que el texto pase por Bruselas. El sector considera que las nuevas condiciones son imposibles de cumplir y se apoya en las dudas que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) expresó en su informe sobre la primera versión del decreto, donde advertía de que podía ser necesario informar a la Comisión Europea si las medidas podían condicionar la libre prestación de servicios de la sociedad de la información.

El Gobierno ha elaborado una nueva versión del real decreto, más flexible en algunos aspectos, y una memoria de impacto normativo ampliada. En ella sostiene que el proyecto queda fuera del procedimiento de información previsto en la normativa europea. Argumenta que las obligaciones ambientales, especialmente las ligadas al consumo de electricidad renovable, son condiciones para obtener o mantener los permisos de conexión a la red, y que el Tribunal de Justicia de la UE solo exige esa comunicación previa cuando se trata de especificaciones técnicas de producto, algo que, según el Ejecutivo, no regula el decreto.

La norma también fija requisitos de soberanía digital para instalaciones de categoría de seguridad alta: los operadores deberían ser empresas establecidas en la UE, los datos tratados debrían permanecer en territorio comunitario y se controlarían de forma efectiva los accesos desde terceros países. El Gobierno subraya que estas condiciones se acreditan mediante declaración responsable y se supervisan a posteriori, por lo que, a su juicio, no son reglamentos técnicos.

Si Bruselas tuviera que ser informada, el procedimiento duraría al menos tres meses y, en caso de que la Comisión o algún Estado miembro emitiera un informe motivado en contra, podría alargarse entre tres y cuatro meses más. La Comisión también podría bloquear el proyecto entre 12 y 18 meses si prevé una normativa armonizada en el conjunto de la UE, un escenario que retrasaría de forma sustancial el plan del Ejecutivo.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.