El PSOE de Santa Eulària critica la cesión de suelo municipal a una empresa privada para vivienda de alquiler

El PSOE de Santa Eulària reclama que el Ayuntamiento destine el suelo municipal a vivienda de protección oficial (VPO) en lugar de cederlo gratuitamente a una empresa privada para construir y gestionar pisos de precio limitado. La crítica se centra en la promoción de hasta 26 viviendas de alquiler en el número 6 de la calle Teniente Coronel Costa Ribas, cuya propuesta llegará este jueves al Pleno.

Según el grupo socialista, los pliegos contemplan un derecho de superficie de hasta 75 años y un canon anual de cero euros para el Consistorio. La empresa adjudicataria asumiría la promoción, las obras y la gestión de los alquileres. Los socialistas consideran que el gobierno de Carmen Ferrer debe aprovechar ese patrimonio para ampliar la oferta de vivienda protegida y buscar alternativas de promoción pública, también mediante la colaboración con el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI).

El PSOE centra parte de sus objeciones en la diferencia entre las viviendas de precio limitado (VPL) y las de protección oficial (VPO). Según sostiene, aunque ambas tienen precios máximos regulados, las primeras pueden alcanzar precios hasta un 30% superiores a los de las VPO. El grupo añade que la vivienda protegida cuenta con condiciones específicas de acceso, como límites de ingresos, la inscripción en el registro público de demandantes y controles administrativos, garantías que, a su juicio, el régimen general de las VPL no ofrece.

Los socialistas reconocen que los pliegos prevén que el Ayuntamiento apruebe los criterios de acceso y supervise la adjudicación. No obstante, consideran que fijar un precio máximo no basta para garantizar que los vecinos puedan asumir el alquiler y reclaman fórmulas que tengan en cuenta su capacidad económica. Su propuesta pasa por priorizar la construcción de VPO, impulsar promociones públicas en terrenos municipales y reforzar la colaboración con el IBAVI.

El PSOE también reprocha al PP que haya rechazado en los últimos años sus propuestas para ampliar la vivienda pública, contener los alquileres y solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado que conservará la propiedad del suelo de Costa Ribas y que la empresa ganadora financiará las obras, mantendrá el edificio y gestionará los pisos. Las viviendas deberán destinarse al alquiler a precio limitado durante toda la vigencia del derecho de superficie y, al finalizar el plazo, el edificio pasará al patrimonio municipal. El Consistorio adquirió el inmueble, actualmente a medio construir, por 2,2 millones de euros, con financiación del Consell de Ibiza y del propio Ayuntamiento. Esta actuación se sumaría a las 94 viviendas previstas en es Puig d’en Valls, hasta alcanzar un máximo de 120 pisos de alquiler a precio limitado entre ambas promociones.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.